Presidenta de facto de Bolivia arremete de nuevo contra el MAS
Las proscripción del MAS para las próximas elecciones ha marcado la agenda política del Gobierno de facto.
La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, arremetió de nuevo este viernes contra el Movimiento al Socialismo (MAS), formación política que calificó de autoritaria durante su gestión gubernamental al frente del país desde 2006 hasta 2019.
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“Que tomen nota en el mundo el pueblo boliviano no va a regresar al populismo autoritario, así no les guste a los Gobiernos populistas de la región y del cualquier rincón del planeta”, precisó Áñez durante la presentación del Decreto Supremo 4353 de Reglamento de la Ley 351 de Personalidades Jurídicas.
La gobernante de facto agregó que “este Gobierno va a trabajar con todo su esfuerzo para que Bolivia permanezca y profundice ese camino de la democracia y la libertad”.
Pdta. de facto anticipa que el MAS no volverá al gobierno y que ella lo impedirá. El MAS, con su candidato Luis Arce, lidera las encuestas de voto. Jeanine Añez, renunció a continuar como candidata por falta de apoyo. El año pasado su agrupación logró el 4% de votos. @teleSURtv pic.twitter.com/FIM4uGfY4T
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) October 2, 2020
La “ruta democrática” de Áñez y la derecha boliviana
Durante los últimos meses la agenda política del Gobierno de facto ha estado marcado por los intentos de proscribir al Movimiento al Socialismo (MAS) del panorama electoral para evitar su posible victoria, como lo indican la mayoría de las encuestas.
El pasado 16 de junio el Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) denunció desde su cuenta oficial de Twitter que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ante el Ministerio Público una querella penal orientada a proscribir a dicha fuerza política e “inhabilitar a todos los candidatos del pueblo en estas elecciones”.
Al mismo tiempo, el expresidente boliviano, Evo Morales, aseguró que tales acciones eran el resultado de las presiones que ejerce el Gobierno de facto sobre el TSE.
El MAS-IPSP denuncia ante la comunidad internacional, especialmente ante las instancias que velan por la democracia y los derechos políticos de los pueblos, que se está gestando un nuevo intento de proscribir nuestra participación en las Elecciones Generales 2020. pic.twitter.com/jgpL5BUOCb
— MAS - IPSP (@BOmereceMAS) June 16, 2020
Morales el pasado 22 de julio denunció que “los partidos de la derecha, incluido el Gobierno de facto de Áñez, amenazan con encarcelar a miembros del TSE de Bolivia si no proscriben al MAS-IPSP, el movimiento político más grande de la historia de Bolivia, que lleva a los comicios a un candidato ganador como Luis Arce”.
Esta amenaza fue confirmada por el coordinador de Movimientos Sociales del Gobierno de facto, Rafael Quispe, quien expresó que “si el TSE no procede a anular la personería del partido que lidera el expresidente Morales, incurrirá en el delito penal por incumplimiento de sus deberes”.
Otra de las acciones del Gobierno de facto contra el MAS se consumó el pasado 7 de septiembre cuando la Sala Constitucional Segunda de La Paz validó la resolución del TSE que inhabilitó la candidatura de Evo Morales al Senado.
▶️Inhabilitaron a @evoespueblo pero no van a proscribir al pueblo porque está unido. Yo estoy fuera de #Bolivia por el #GolpeDeEstado y si se apegan a la Constitución yo sería candidato para las #Elecciones
— En Clave Política (@EnMediatica) September 11, 2020
Entrevista a @evoespueblo en @EnClavePolitik con @OrlandoPerezEC pic.twitter.com/k6ucggMSrb
A propósito de esta decisión, Áñez expresó que su Gobierno de facto había “frenado” al MAS para “evitar que vuelvan”.
Por su parte, el candidato presidencial por el MAS-IPSP, Luis Arce, precisó el pasado 28 de septiembre que el recurso de inconstitucionalidad planteado para sacar a su partido de la contienda electoral forma parte de las acciones que lleva a cabo la derecha boliviana.
En igual fecha, el ministro de facto de Gobierno, Arturo Murillo, confirmó que promovió el "despido" del ministro de facto de Finanzas, Oscar Ortíz, por oponerse a la privatización de la Empresa de Electricidad Elfec. Por similar posición, la propia Áñez destituyó al exprocurador del Estado, José María Cabrera, el pasado 18 de septiembre.
Ambas demociones contrastan con la calificación de “autoritarismo” que la Gobernante de facto coloca constantemente sobre el gabinete del expresidente, Evo Morales.
LANCHIPA: INTERPOL RECHAZÓ LA SOLICITUD DEL SELLO ROJO PARA MORALES POR CONSIDERAR QUE EL DELITO DE SEDICIÓN ES DE ORDEN POLÍTICO#FiscalíaGeneralDelEstadohttps://t.co/ajv01W5Mx0 pic.twitter.com/Slqswrc13e
— Fiscalía de Bolivia (@FGE_Bolivia) September 30, 2020
La democracia que constantemente invoca Áñez recibió un espaldarazo por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), quien rechazó este jueves una solicitud de detención formulada por el Gobierno de facto contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales.
La Interpol consideró que los supuestos delitos de sedición y terrorismo que el Gobierno de facto le imputan a Morales tienen una connotación política.