Sentencian a Sánchez de Lozada por masacres de 2003 en Bolivia
Sánchez de Losada fue encontrado culpable en una corte de EE.UU. por una serie de masacres extrajudiciales en Bolivia durante 2003
El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, afirmó que la sentencia lograda en Estados Unidos (EE.UU.) contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín es “una gesta de la lucha popular boliviana” referida a las masacres de 2003 y “queda pendiente su extradición” para que responda ante la justicia boliviana.
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El abogado Thomas Becker y las víctimas de la masacre de octubre informaron el jueves del acuerdo de compensación alcanzado en el juicio civil, en el país del norte, un hecho sin precedentes, en el que un expresidente y el exministro admitieron su responsabilidad por las muertes de octubre de 2003.
“La sentencia es una gesta de nuestra lucha popular tras un largo juicio que se siguió en los Estados Unidos. Pero el tema está pendiente en Bolivia, en otro juicio”, dijo la autoridad.
Mayta afirmó que en 2003 hubo una masacre, producto del rechazo popular a la venta de gas a Estados Unidos por puertos chilenos.
Goni, como le dicen al expresidente, huyó de Bolivia el 17 de octubre de 2003, cuando la movilización popular en la denominada “Guerra del Gas” se mostraba incontenible por la defensa de los recursos naturales y por las muertes gestadas hasta ese entonces.
Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa de Bolivia, José Carlos Sánchez, sellaron un acuerdo extrajudicial con las familias de ocho indígenas que murieron en las protestas de ese año y aceptaron pagar una indemnización por daños y perjuicios poniendo fin a un proceso judicial de 16 años.
El monto de la indemnización y los detalles del acuerdo no fueron revelados por ninguna de las partes debido a la prohibición incluida en una cláusula de confidencialidad del acuerdo.
El pacto se selló dos años después de que un juez federal de Miami determinó que el expresidente y el exministro debían pagarles a las víctimas una indemnización de 10 millones de dólares. Los exfuncionarios rechazaron ese fallo y el caso se encontraba en una corte superior de apelaciones.