MAS presentará recurso contra decreto del Gobierno de facto
"Estamos en una mesa de diálogo. Por qué no se preferencia el diálogo a la masacre?", cuestionaron los asambleístas del MAS.
Legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) anunciaron este domingo que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el decreto que otorga "licencia para matar" a las fuerzas armadas de Bolivia.
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El decreto expedido por el gobierno de facto de Bolivia, que exime a FFAA de responsabilidad en la represión registrada en los último días en el país suramericano en demanda de la restauración de la democracia, es una licencia para matar, denunciaron legisladores del MAS.
"Estamos en una mesa de diálogo. Por qué no se preferencia el diálogo a la masacre?", cuestionaron los asambleístas.
La diputada del MAS, Sonia Bravo, indicó que la policía tiene una labor disuasiva y no represiva, además que el ejercito no puede estar en las calles reprimiendo al pueblo.
Brito pidió un dialogo sincero con la mediación de la iglesia con las autoridades que usurpuaron el poder para trabajar en la pacificación del país suramericano.
Acusaron al Ministerio de Gobierno de presentar una lista de parlamentarios para detención de opositores y sindicalistas.
Al respecto, Arturo Murillo, ministro de Gobierno, sostuvo este domingo que hay varios legisladores del MAS que han sido denunciados por las mismas bases de que están incitando a la violencia y que desde este lunes se tomará acciones en contra de proceder.
“Hay senadores y senadoras y diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que están haciendo subversión".
"Ya tengo listas, que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, diciendo que los obligan a esto o aquello. Se los va a empezar a detener con órdenes del Ministerio Público. Voy a armar un aparato especial de la Fiscalía porque no podemos permitir que esto siga”, señaló.
Legisladores del MAS denuncian que Min. Gobierno anunció lista de parlamentarios para detención de opositores y sindicalistas. pic.twitter.com/jvkohUqYLe
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) November 17, 2019
Según el Gobierno de facto se están buscando las mejores formas para encontrar la paz social en Bolivia, por ello pidió a los sectores en conflicto pongan las demandas sobre la mesa de diálogo y éstas serán atendidas.
A su vez, apuntó que hay varios conflictos en el país, los más visibles en La Paz (Senkata y El Alto), Cochabamba (Sacaba) y Santa Cruz (Yapacaní), pero pocas demandas.
El diálogo entre los sectores políticos del país está bajo la mediación de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), acompañada de la Unión Europea (UE) y el Gobierno de España, además se prevé la incorporación de un delegado de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En la misma participan autoridades del Gobierno de facto, encabezado por la senadora Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta, sin contar con las vías legales para hacerlo, y representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Estamos en una mesa de diálogo. Porqué no se preferencia el diálogo a la masacre?, cuestionan legisladores del Movimiento al Socialismo. Afirman que ya son 22 las personas asesinadas. pic.twitter.com/JNoOfeN2h3
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) November 17, 2019
Sobre el decreto emitido por la senadora Áñez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este domingo que el Decreto Supremo número 4078 estimula la represión violenta.
El decreto libra de responsabilidades a las fuerzas armadas bolivianas tras ordenarles reestablecer el orden interno y la estabilidad pública de esa nación, sin preocupación de ser juzgados penalmente por sus actos, estimulan la represión violenta.
La CIDH alega que el decreto "desconoce los estándares internacionales de DD.HH. y por su estilo estimula la represión violenta".
"Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DD.HH.", indica un mensaje publicado por la entidad en la red social Twitter.
Ante esto, la CIDH condenó cualquier acto administrativo emitido bajo las ordenes del Gobierno de factoque atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DD.HH., "particularmente en el contexto de actuaciones de fuerzas armadas en las protestas sociales".