Destituyen a 11 jueces tras revisión de casos irregulares en Bolivia
La decisión también incluye iniciar procesos contra los otros siete jueces, luego de constatar más de 200 casos de responsabilidad disciplinaria.
El Consejo de la Magistratura de Bolivia acordó el jueves la destitución de 11 jueces de Ejecución Penal tras una revisión de procesos de responsabilidad disciplinaria en más de 1.000 expedientes judiciales en casos de feminicidios, violación e infanticidios, en los que se encontraron irregularidades.
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La decisión también incluye iniciar procesos contra los otros siete jueces, luego de constatar más de 200 casos de responsabilidad disciplinaria.
La noticia fue anunciada por el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, quien indicó que, incluyendo las denuncias en el Ministerio Público sobre 76 procesos penales irregulares, “se logró detectar 266 casos de responsabilidad disciplinaria".
"En ese sentido, el Consejo de la Magistratura determinó el jueves la decisión conjunta y colegiada de cesar de sus funciones a 11 jueces de Ejecución Penal y mandar a proceso disciplinario a siete jueces”, precisó.
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— Coordinadora BO (@CoordinadoraBO) March 8, 2022
Exigimos una reforma judicial que asegure el derecho de acceder a una justicia proba, rápida y oportuna para todas las víctimas de violencia.#NosotrasMovemosBolivia#8M2022#VidaLibreDeViolencia pic.twitter.com/xVYsmY5cyO
Entre los jueces que fueron separados del Órgano Judicial están: Ricardo Illanes Saavedra (Beni), Rubén Marcelo Leyva Lazcano, (Cochabamba), Frecia Rosario Orellana (Cochabamba), Germán López Moya, (Oruro), Gualberto Rueda Flores, (Santa Cruz), Isabel Amelia Paz Leaplaza, (Santa Cruz) y Alberto Moreira, (Santa Cruz).
Por otra parte, fueron ratificadas las suspensiones de los exjueces penales: Vidalia Morales Ávila (Chuquisaca), Rafael Alcón (La Paz) y Abraham Aguirre (La Paz).
A su vez, entre los jueces que serán sometidos a procesos disciplinarios están: Jhovana Torrico (Cochabamba), Hernán E. Galier (La Paz), Javier Flores M., (La Paz), Marco Antonio L. T., Mariela L. V., (Santa Cruz) y Carla Noelia M. E., (Tarija).
“Hemos terminado las intervenciones, consideramos que el Consejo de la Magistratura ha tenido un rol fundamental para el esclarecimiento de estos hechos. Esperamos que en el futuro este tipo de actos y de hechos de carácter irregular no vuelvan a ser cometidos por autoridades jurisdiccionales”, indicó el funcionario.
Según los datos ofrecidos por Molina, desde el 10 febrero se revisaron 832 expedientes, correspondientes a las gestiones de 2013 a 2022, de casos relacionados a ocho tipos penales: feminicidio, asesinato, violación, violación a niños y adolescentes, trata de personas, tráfico de personas, parricidio e infanticidio.
El Observatorio de Justicia y Género del Órgano Judicial confirmó que “el primer caso develado fue el de Richard Choque Flores, asesino y violador serial, quien pese a una sentencia de 30 años de prisión por el feminicidio de una joven en 2013, había logrado su libertad en la Nochebuena de 2019, gracias al fallo del exjuez Rafael Alcón Aliaga, luego de que había pagado 3.500 dólares”.
Al respecto, la plataforma Salvaginas enfatizó que, a raíz de la implicación de los jueces en irregularidades en los casos de feminicidio, la prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial.
Y esto deja como consecuencia que, pese a conocer que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, pueda ser comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público.