Citan a exministros de facto por caso de corrupción en Bolivia
Las autoridades bolivianas solicitaron que los exfuncionarios declaren ante el Ministerio Público sobre los alcances de los decretos supremos vinculados al caso.
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia presentó este lunes un listado con los exministros del Gobierno de facto (2019-2020), presidido por Jeanine Áñez, que serán citados a declarar ante el Ministerio Público sobre los tres decretos firmados para la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.
LEA TAMBIÉN:
Ordenan prisión de colaborador de exministro de facto boliviano
De acuerdo con el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, harán la solicitud al ente para que los exfuncionarios defacto declaren sobre las circunstancias, motivos y alcances de los tres decretos supremos.
Además, instó a que tanto Áñez como sus exministros de facto respondan por las masacres registradas en el país durante las manifestaciones contra su Gobierno, así como otros hechos de corrupción ocurridos durante su gestión.
Los 17 Ministros del gobierno de facto de Jeanine Añez que firmaron tres decretos para la compra con sobreprecio de $us2.3MM de elementos no letales para represión, han sido citados a declarar e incluidos en la investigación: lista distribuida por el Min. Justicia: @teleSURtv pic.twitter.com/syptNHaSuW
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) May 31, 2021
“Hoy convocaremos a todo el gabinete del Gobierno de facto, incluida Jeanine Áñez, para aclarar los hechos de corrupción que fueron identificados durante este periodo. Las masacres y corrupción del Gobierno de facto deben esclarecerse a través de un debido proceso que permita lograr justicia para las víctimas y sanciones ejemplares para quienes usurparon el poder y saquearon al Estado”, manifestó el ministro Lima.
Según la información aportada por las autoridades bolivianas, entre el 29 de noviembre de 2019 y el 27 de febrero de 2020, Áñez y sus ministros firmaron los decretos 4090, 4116 y 4168 para justificar la compra de agentes químicos destinados para la represión de las manifestaciones y disponer de presupuesto para coimas y sobreprecio.
El primer decreto supremo planteaba la supuesta "adquisición excepcional" de gases lacrimógenos, el segundo autorizaba la “contratación directa en el extranjero”, mientras que el tercero trataba sobre la reasignación al Ministerio de Gobierno de un monto de 40.068.000 bolivianos que se transfirieron al Ministerio de Defensa para comprar agentes antidisturbios.
"La señora Añez y sus excolaboradores deben explicar ante la Fiscalía General del Estado las razones y circunstancias de la aprobación de los decretos (...) Le pedimos (a Añez) que explique porqué mantuvo en sus cargos a los operadores de la compra de gas lacrimógeno con sobreprecio", instó el ministro Lima.