El ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Iván Lima, expresó este lunes que no debe durar años ni meses, sino semanas el juicio contra la exgobernante de facto Jeanine Áñez y mandos militares que la apoyaron para usurpar el Poder Ejecutivo, y que el Gobierno busca que se haga justicia y no haya impunidad respecto al golpe de Estado.

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En declaraciones a la televisora pública boliviana sobre el proceso (conocido como Golpe de Estado II) que iniciará el próximo 10 de febrero, el funcionario dijo que se trata de un caso sólido y bien fundamentado, por lo que no habría razón para que se dilate.

Recalcó que las autoridades han hecho lo que expresa la Constitución y el código penal vigente en el país respecto a una investigación profunda y a respetar el derecho a que todos presenten sus pruebas.

Acerca de los mandos militares y policiales involucrados en el golpe de Estado de noviembre de 2019, sostuvo que tendrán todas las garantías que corresponden al debido proceso.

Lima también criticó al líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y el actual gobernador de Santa Cruz y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, por poner obstáculos a la justicia.

Señaló que, a través de sus bancadas en la Asamblea Legislativa, obstruyen las propuestas de impulsar procesos de responsabilidades contra Áñez y otros protagonistas del golpe, quienes rompieron el orden constitucional y promovieron flagrantes violaciones de los derechos humanos.

“Nosotros presentamos cinco proposiciones acusatorias a la Asamblea que no están avanzando por la obstaculización a la justicia de Mesa y Camacho. No podemos quedarnos esperando y no lo vamos a hacer”, manifestó.

En el caso Golpe de Estado II aparecen imputados Áñez y los antiguos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía. La exgobernante de facto tomó la jefatura del Senado y luego se autoproclamó jefa de Estado. Los delitos que se imputan pueden acarrear penas de cárcel de hasta 12 años.