El peritaje sobre las llamadas del expresidente de Argentina Mauricio Macri y miembros de su Gobierno fue reanudado por orden de la jueza federal María Servini.

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Según informan medios locales, esta decisión se inscribe en la causa sobre supuestas presiones al Grupo Indalo para torcer su voluntad en difusión de determinadas noticias. Además, se cuenta la presunta intención de apoderarse de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Por ello, la letrada ordenó proseguir con el peritaje, aunque la Cámara Federal se había opuesto, hasta que ese dictamen de la Cámara esté firme. Sin embargo, la jueza ya informó a la Dirección General de la Oficina de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial.

Las verificaciones tomarán los registros desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de agosto del 2019. Se incluirán los teléfonos de Macri, el exjefe de asesores de Presidencia José Torello, el amigo del expresidente Nicolás Caputo, el diputado del Parlasur Fabián Rodríguez Simón, el exsecretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana y el exdirector de Vialidad nacional Javier Iguacel.

Asimismo, están en la lista de investigados los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli; así como también un grupo de empresarios.

Esta medida encontró resistencia en los camaristas Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia, pues según ellos abarcaba un período excesivo de tiempo. Además, los políticos se sumaron a las alegaciones de las defensas, que aseguraban que este peritaje afectaba "derechos individuales".