El Gobierno argentino dispuso por decreto que los trabajadores despedidos sin justa causa en el sector privado recibirán el doble de la indemnización que actualmente les corresponde, vigente para los próximo seis meses, reportó un vocero de la Presidencia.

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El Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno del presidente Alberto Fernández fue consensuado con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el objetivo es evitar que siga avanzando el deterioro del mercado laboral formal.

La barrera al despido se va a complementar con las mejoras salariales, en las asignaciones y jubilaciones que saldrán por ley próximamente, para estimular el mercado interno y la producción. 

"En caso de despido sin justa causa durante la vigencia del decreto, los trabajadores afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente", indica un comunicado de la Presidencia. 

En los considerandos de la norma se recuerda que el gobierno de Mauricio Macri vetó en mayo de 2016 la reinstalación de la doble indemnización que planteaba la ley antidespidos votada por la oposición. 

En Argentina ha perdido el trabajo 139 mil personas asalariadas en el sector privado, entre hombres y mujeres, durante el periodo de septiembre 2018-2019, con un marcado descenso. 

Según información revelada por el diario El Destape, entre los argumentos de la norma el Ejecutivo señala el incremento del desempleo al 10.6 por ciento en el segundo trimestre de 2019, un punto porcentual superior a un año atrás.

El recién posesionado presidente de Argentina, Alberto Fernández dicta decreto de emergencia en el trabajo por 180 días, estableciendo la doble indemnización legal, para cuidar el empleo de los argentinos. Esa medida no aplica para los nuevos empleos. pic.twitter.com/cnPiscaxeq

— César Luque (@CesarALuqueF) December 14, 2019

Además, advierte que las tasas en el caso de los jóvenes superan el 18 por ciento en los varones y el 23 entre las mujeres, por lo que a pedido del mandatario se declara la emergencia pública en materia ocupacional ante la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral.

La medida no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.

El decreto se aprobó a propuesta del ministro del Trabajo, Claudio Moroni, con el fin de detener los posibles despidos durante seis meses, para contrarrestar los efectos de la crisis económica del país. 

En su discurso de investidura ante el Parlamento el pasado 10 de diciembre, el presidente Fernández indicó que en cuatro años habían cerrado 20 mil empresas y se habían perdido más de 150 mil trabajos formales.

El congreso argentino tendrá sesiones extraordinarias para tratar el paquete de emergencia, que incluye reformas para el sector alimentario y de salud, entre otros.

Por otra parte, el Gobierno argentino modificó este sábado impuestos a exportaciones agropecuarias, la principal fuente de divisas del país, y anunció que durante el lunes permanecerá cerrado el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior, donde las empresas declaran sus transacciones comerciales.

Las decisiones fueron anunciadas a través de un decreto y de una resolución -respectivamente- en el Boletín Oficial del Estado de Argentina, que atraviesa una crisis económica, con importantes vencimientos de deuda en el 2020, y cuyas exportaciones agrícolas son su principal fuente de divisas.

"Teniendo en cuenta la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas, resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos", explicó el decreto.

Es en el boletín se indicó de un aumentó de los impuestos a las exportaciones de soja y granos, una medida "urgente" para enfrentar la "grave situación" de las finanzas públicas de Argentina, según el texto.

Los impuestos a las ventas al exterior de los granos tendrán una tasa fija de 9 por ciento. Para la soja, el mayor producto de exportación, se mantiene su base de 18 por ciento, por lo que el gravamen total sobre la oleaginosa alcanza 27 por ciento.

Se trata de una de las primeras medidas económicas desde que Fernández asumió la Presidencia el martes pasado en un país sumido en una recesión desde hace más de un año, con alta inflación de 55 por ciento anual y pobreza de casi 40 por ciento.