Justicia argentina ordena restituir pensiones a discapacitados
El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8 de Argentina emitió este miércoles un fallo que ordena al Gobierno restituir las pensiones de invalidez de 70.000 personas con discapacidad, a quienes les suspendieron el beneficio en enero de 2017.
La jueza Adriana Cammarata ordenó al Ministerio de Desarrollo Social pagar las pensiones con prestaciones a todos los afectados en el territorio nacional, en un plazo máximo de diez días.
Asimismo, la resolución obliga al Estado a cancelar 300 pesos argentinos a los beneficiario, por cada día de retraso en la cancelación de su pensión.
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Cammarata explicó que la medida de suspensión constituye "un acto ilegitimo y lesivo" que viola los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos, así como el derecho internacional y debía ser revocada.
Sin embargo, este fallo no incluye a aquellas personas excluidas del fondo de pensiones en el 2016, por lo que la Red de Derechos de las Personas por la Discapacidad (REDI) buscará apelar en los próximos días.
Reivindicación de los derechos
La sentencia emitida por la Corte Federal de Argentina fue hecha luego de la denuncia oficial realizada por la REDI en 2017 (hace más de un año) en aras de revocar el recorte de las pensiones por invalidez.
La abogada defensora de la REDI, Varina Suleiman, subrayó que el nuevo veredicto demuestra que el Estado no está en la capacidad de tomar este tipo de medidas arbitrarias, que violan las garantías de las personas con impedimentos, quienes en su mayoría viven en condición de pobreza.
"Este fallo representa la restitución de derechos que nunca se tendrían que haber quitado a uno de los sectores más débiles de la sociedad", agregó el secretario de Legal y Técnica de la Defensoría, Luis Morales.
En Contexto
Desde diciembre de 2015 el Gobierno de Mauricio Macri estableció el recorte de las pensiones de unas 170.000 personas con distintas incapacidades.
Además endureció las condiciones y políticas para la asignación del beneficio, es decir, la mayoría de las personas que se consideraban con menos de un 80 por ciento de discapacidad, eran excluidos de los pagos.
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