La Asamblea Nacional (Congreso unicameral) de El Salvador aprobó este martes por vigésima segunda vez una extensión del régimen de excepción que suspende las garantías constitucionales durante 30 días, contexto en el cual se desarrollarán las elecciones presidenciales y parlamentarias del 4 de febrero próximo.

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A pesar de los señalamientos de inconstitucionalidad, el presidente Nayib Bukele busca la reelección inmediata en las votaciones, para las cuales más de 5.5 millones de personas han sido convocadas a participar. 

La prórroga del régimen de excepción, que entró en vigor a partir de marzo de 2022 en respuesta a una escalada de los asesinatos atribuida a bandas criminales, fue aprobada por 67 votos de 84 diputados, a pesar de las críticas de los partidos de la oposición.

#Plenaria139✍�� Con 67 votos a favor, ampliamos la vigencia del #RégimenDeExcepción para continuar la #GuerraContraPandillas y acabar con estas estructuras criminales que tanto dolor han causado a los salvadoreños. pic.twitter.com/ZdSsUrt8mu

— Asamblea Legislativa ���� (@AsambleaSV) January 10, 2024

La nueva extensión entrará en vigencia el viernes próximo, previo a su publicación en el Diario Oficial, y durará hasta el 10 de febrero siguiente.

El presidente del Congreso y exsecretario de Bukele, Ernesto Castro, respondiendo a preguntas de los periodistas horas antes de la votación, dijo que la idea de que este régimen era una amenaza para la oposición o propaganda oficialista era "es una percepción que solo los delincuentes tienen".

La integrante del partido opositor Vamos, Claudia Ortiz, que votó en contra de la ampliación de la medida, aseguró que "el régimen de excepción no es una política de seguridad, es la suspensión de los derechos fundamentales de los salvadoreños y esa diferencia hay que marcarla bien".

"Sí es cierto que muchos de pandilleros han sido capturados, pero también es cierto que muchas personas inocentes han sido capturadas y cientos de personas inocentes han muerto bajo custodia del Estado", indicó.

Además, señaló que "es cierto que ahora se aprecia un poco más de seguridad, pero también es cierto que autoridades del Gobierno liberaron a un pandillero y permitieron que escapara a México, esto también es cierto".

"No se respetan los procesos en los tribunales y una persona puede quedar fácilmente, siendo inocente, desaparecida dentro de un centro penitenciario, esto también es cierto", añadió.

Según datos oficiales, desde marzo de 2022 suman más de 75.100 las detenciones a personas que el Gobierno acusa de ser pandilleros o colaboradores y de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.

Las organizaciones humanitarias han registrado más de 6.000 víctimas de abusos, principalmente detenciones arbitrarias, pero también torturas, registros sin orden judicial y falta de comunicación con los detenidos

La escalada de homicidios que dio pie al régimen de excepción se cobró la vida de más de 80 personas en tres días y una investigación del medio local El Faro sostiene que esta alza se debió a la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y las maras o pandillas.