Antigua y Barbuda: Debate por la propiedad de la tierra
La idea planteada por el Gobierno busca brindar garantías a los inversionistas para financiar la reconstrucción y desarrollo de la isla caribeña.
Tras los graves daños provocados por el huracán Irma en 2017, con más del 60 por ciento de las edificaciones afectadas, las autoridades de Antigua y Barbuda evalúan modificar la legislación sobre la propiedad de la tierra.
En septiembre pasado, el evento meteorológico de categoría 5 ocasionó más de 100 millones de dólares en daños, calificado por el primer ministro Gastón Browne como "el más poderoso que ha golpeado alguna vez al Caribe".
Al respecto, el Gobierno plantea la posibilidad de cambiar la normativa del sistema comunal para garantizar una estabilidad a quienes han invertido en el desarrollo turístico de la isla.
Browne ha impulsado la reforma de la tenencia de la tierra, normativa que data desde 1834 y que prohíbe la propiedad privada de la tierra, administrada en colectivo, en propiedad comunal.
El primer ministro estima que, ante las más de 1.250 estructuras destruidas por los huracanes que azotaron el Caribe, este cambio en la legislación permitirá financiar la reconstrucción del país.
Pese a ello, la propuesta ha sido criticada por quienes piensan que los inversores pretenden aprovecharse de la situación que transita la isla y así tomar los terrenos de sus dueños tradicionales.
La controversia sobre la propiedad de la tierra surge con el adelanto de las elecciones en Antigua y Barbuda para el próximo 21 de marzo, donde más de 52.000 electores están convocados a votar por los 17 nuevos integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado.