El superintendente nacional de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, anunció la incorporación, el primero de octubre próximo, de 27 mil inspectores gubernamentales para enfrentar la guerra económica impuesta contra Venezuela por la derecha opositora.

Dichos inspectores que trabajarán junto a funcionarios gubernamentales proceden de las llamadas Unidades de Batalla Bolívar-Chávez

Esta estrategia combatirá el contrabando, la especulación, el acaparamiento y el desabastecimiento. Los inspectores tendrán facultades para fiscalizar, imponer sanciones, multas y cerrar establecimientos que incurran en delitos o irregularidades contra la soberanía alimentaria.

Esos inspectores populares, procedentes de la Superintendencia de Precios Justos, dispondrán también junto a funcionarios de instituciones gubernamentales de una sala de operación situacional para recibir guías de movilización para el control del transporte de alimentos, agregó.

Dirigiéndose a los empresarios del país, el superintendente recalcó que un margen de ganancia de 30 % "es más que suficiente", tal como lo establece la Ley Orgánica de Precios Justos.