La Fiscal General de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó este viernes que en las próximas horas, 80 personas serán presentadas ante los respectivos tribunales de control de varios estados del país por los hechos de violencia registrados desde el pasado miércoles 12 de febrero, mientras que otras 24 ya tienen medidas privativas de libertad.

Díaz reiteró que estas acciones deben repudiarse, porque atentan contra la estabilidad del Estado y la tranquilidad del pueblo venezolano, pues intentan
provocar una escalada de violencia, impedir el desarrollo de la gestión del Gobierno revolucionario para debilitarlo y poder derrocarlo, en una estrategia conocida como el golpe suave.

Los actos vandálicos generaron daños a las sedes del Ministerio Público, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), del Ministerio para el Transporte Terrestre, así como a estaciones del Metro de Caracas, a los bancos Venezuela y Provincial, las casas de los gobernadores de los estados Táchira y Aragua, la quema de patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), viviendas y vehículos de personas particulares, entre otros.

Tras más de una semana de violencia, el golpe en marcha ha dejado ocho personas fallecidas y 137 heridas. Entre los fallecidos está un fiscal del Ministerio Público que perdió el control de su vehículo y se estrelló al tratar de esquivar una barricada colocada por los grupos violentos cuando se trasladaba hacia un centro asistencial, con el objetivo de verificar la información sobre un presunto lesionado.

A través de su programa de radio, la fiscal explicó que cuatro de las muertes ocurrieron en el Área Metropolitana de Caracas (capital) dos en el estado Carabobo (norte), uno en Sucre (noreste) y otro en Lara (noroeste).

Por otra parte, se refirió a las medidas judiciales acordadas contra las alcaldías de Mérida (oeste), San Cristóbal (oeste), Maracaibo (noroeste), Valencia y Naguanagua (norte), las cuales están orientadas a restablecer el sistema de recolección, saneamiento y disposición final de los desechos sólidos.

En este sentido, Ortega Díaz exhortó a los fiscales superiores a hacerle seguimiento a la decisión, pues de no cumplir con el mandato judicial tales alcaldes estarían incurriendo en desacato.