Unos 60 magistrados rechazaron analizar la amnistía para dictador Ríos Montt
Unos 60 magistrados suplentes de la Corte de Apleaciones del Ramo Penal de Guatemala, decidieron este viernes renunciar a ser parte del grupo de profesionales designados para dar a conocer y explicar la situación de la amnistía solicitada para el dictador José Efraín Ríos Montt, acusado por crímenes de genocidio y lesa humanidad ocurridos entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
De acuerdo a la información colectada a través de medios locales, los magistrados de Salas rehuyeron al proceso Ríos Montt por acercarse el proceso de elección de nuevos integrantes de la Corte de Apelaciones, puesto que dicho caso podría afectar sus posibles nombramientos.
De hecho en anteriores declaraciones el magistrado de apoyo de la Sala Primera, Frank Martínez, dijo que durante la convocatoria que inició en noviembre, los togados que fueron llamados a ser parte del tribunal de apelaciones no argumentaron razones válidas para no conocer el caso.
En consecuencia, dicho togado elaboró un informe detallado que entre este viernes y sábado será remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que sean los funcionarios de esa entidad quienes determinen qué sucederá con el caso.
La mayoría de las respuestas recibidas alegaba falta de tiempo, afirmó Martínez, y calificó las mismas como “irrisorias”, ya que no se amparaban en las causales de excusa establecidas por la Ley. El entrevistado explicó que él también se apartó de actuar en el caso por considerar que podría dudarse de su imparcialidad.
Corte Constitucional ordenó la revisión de la petición en octubre pasado
En octubre del 2013, la Corte de Constitucionalidad (CC), ordenó que la Sala Primera fundamentara y revisara la petición de amnistía hecha por el general retirado Ríos Montt. A la fecha han transcurrido 71 días desde que la máxima instancia constitucional mandara a explicar la negativa de la amnistía promulgada el 10 de enero de 1986.
El Gobierno de facto de Ríos Montt fue uno de los más sangrientos de la guerra civil que sufrió el país durante los años 1960 a 1996 y que dejó 200 mil muertos, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Desde el pasado junio, el dictador cumple arresto domiciliario luego de recuperarse de un cuadro de hipertensión arterial al conocer los cargos por los que le acusa la justicia guatemalteca.