La central de trabajadores de Uruguay PIT-CNT convocó para este jueves un paro nacional de 24 horas para exigir mejoras salariales, mayor inversión en la obra pública y que el Gobierno renuncie a las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), el cual plantea que los países firmantes den a los proveedores de servicios financieros extranjeros el mismo trato que a los nacionales.

Con gran acatamiento de la ciudadanía se desarrolla el primer paro general en 7 años. #PITCNT pic.twitter.com/axE1YqMnDn

— M de los Santos (@MauricioteleSUR) agosto 6, 2015

Un millón de trabajadores no asistieron a sus lugares de trabajo acatando el paro general convocado por el #PITCNT pic.twitter.com/SMc8dG7bol

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La paralización ha afectado la actividad bancaria, de transporte, centros educativos, empresas privadas y en los hospitales solo se atienden las emergencias.

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En relación al tema de los salarios, Pablo Garrocha, miembro del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, reconoce que ha habido un aumento constante en ese país suramaericano, impulsado por la coalición de izquierdas Frente Amplio, pero rechazan la nueva lógica de negociación del Ejecutivo que se pretende aplicar en la próxima ronda de consejos de salarios.

"El Ejecutivo rompió con la lógica de negociaciones anteriores, donde había un componente vinculado a la inflación para asegurar que el trabajador no perdiera poder de compra; eso ha producido una enorme incertidumbre", aseguró Garrocha, y precisó que "no garantiza el mantenimiento del salario real" e incluso "podría traducirse en una pérdida".

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A su vez, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, aseguró que el paro no es contra el Gobierno sino para que los cambios se profundicen y haya negociación colectiva de los salarios en el venidero presupuesto.

Entretanto, los huelguistas también manifiestan su "enorme preocupación" por la participación de Uruguay en las negociaciones TISA, el cual está concebido para regular de forma supranacional los servicios de salud, agua, financieros, de telecomunicaciones y transporte, comercio electrónico, energía y compras del sector público.

Al respecto, Garrocha afirma que este acuerdo "busca desregular mercados y eso atentaría contra todo lo logrado", incluyendo los esfuerzos realizados por el Gobierno del expresidente José "Pepe" Mujica par defender las empresas públicas y para "bridar servicios de calidad”.

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