Miles de trabajadores en Puerto Rico se movilizaron por las calles de San Juan para expresar su rechazo al plan de ajuste fiscal presentado por el Gobierno para intentar enfrentar la deuda pública de 72 mil millones de dólares.

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Los manifestantes denuncian que se necesita un nuevo modelo económico que no atente contra los servicios de la nación. También insisten en que el nuevo recorte fiscal atentará contra la educación. 

Por tal razón, diversos sectores marcharon en repudio de la intención que tiene Puerto de vender las escuelas para recaudar dinero y pagar parte de la morosidad, pues consideran que son medidas neoliberales orientadas por la expresidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger. 

Por su parte, la portavoz del Movimiento Unión Soberanista, María de Lourdes Guzmán afirmó que los recortes sólo crearán mayor emigración y la nacionalización de las principales empresas, lo que denominarían un auto golpe para la isla caribeña. 

Contexto:

De cara a la deuda que Puerto Rico tiene con sus acreedores internacionales, el Gobierno anunció recientemente un plan de medidas de ajuste fiscal para poder solventarla, bueno eso intenta. 

Entre las normas a aplicar se encuentran recortes en las pensiones de los maestros, la formación de una nueva junta de control financiero y la reestructuración de la deuda, que para los próximos cinco años alcanzaría los 18 mil millones de dólares.

Al parecer, el Gobierno plantea pagar únicamente unos 5 mil millones de dólares durante los próximos cinco años, sin concretar a qué tipo de bonos les dará preferencia. 

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En la actualidad, Puerto Rico vive las consecuencias de una fuerte migración de puertorriqueños hacia Estados Unidos.

Además, sólo 37 por ciento de la población activa es parte de la fuerza laboral y en casi una década se ha generado una deuda acumulada de 73 mil millones de dólares.

Ante ese panorama, y la falta de ayuda por parte del Gobierno estadounidense para que Puerto Rico solvente la deuda, el gobernador Alejandro García Padilla presentó el nuevo plan de recortes que deberá ser aprobado por los legisladores.