El presidente interino de Brasil, Michel Temer, cumplió este viernes tres meses en el poder luego de la suspensión temporal de la mandataria Dilma Rousseff, que enfrenta un juicio político cuya fase final comenzará el próximo 25 de agosto.

Esa sesión del Senado, que puede durar entre tres y cinco días, también determinará el futuro de Rousseff, quien de ser sustituida dejaría el camino libre para la ascensión al poder de Temer hasta el 1 de enero de 2019.

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Tanto el gobierno interino como el Congreso se ufanan de la supuesta "armonía" lograda con la separación de poderes. La agenda conservadora propuesta por Temer incluye un severo ajuste fiscal, la dejación de las simpatías con el Gobierno venezolano y el ofrecimiento del apoyo a Paraguay y Argentina para evitar que Venezuela asuma la presidencia por tempore del Mercosur como le corresponde.

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La regla fiscal establece un nuevo límite máximo de gasto público, de acuerdo con la propuesta la restricción solo se aplicará a los costos primarios, excluyendo los costes de carácter financiero y tendrá una duración de 20 años.

Una encuesta de Presupuestos y Asesoramiento del Senado indica que si se adopta la regla el impacto en el área social será enorme.

"La Propuesta de Enmienda Constitucional no representa ningún ajuste fiscal a corto plazo. Lo que busca Temer es la liberación de fondos para parlamentarios, los aumentos de los sueldos de funcionarios públicos, todo eso para obtener apoyo político", explica el profesor Mello.

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Mello sostiene que al reducir el papel del Estado, la Propuesta abre la puerta la sector privado. "Es un proyecto de reforma estatal que prevé la privatización de todos los servicios públicos, lo cual es muy negativo para la población en general".

En contexto

El 12 de mayo pasado Dilma Rousseff fue suspendida de su cargo por la Cámara Alta Brasileña, ese mismo día Michel Temer pasó a ser el presidente interino de Brasil y desde entonces lleva adelante una agenda neoliberal que se aleja del plan de gobierno de Rousseff.

Entre sus medidas esta el cambiar el sistema de pensiones y reducir la inversión social, aspectos priorizados durante el gobierno de Dilma.