Santos estudia si acata o impugna tutela a favor de Petro
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, comunicará en las próximas horas de este miércoles si acata o impugna el fallo del Tribunal Superior de Bogotá (capital colombiana), que ordena que en 48 horas el Mandatario devuelva a su cargo de alcalde a Gustavo Petro.
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Milton Henao, informó este miércoles que "lo que ha trascendido es que el Presidente de la República se pronunciará en las próximas horas frente a este caso a raíz de devolver al cargo a Gustavo Petro por parte del Tribunal Superior de Bogotá".
El Tribunal aseguró que "se ha violado el derecho a elegir y el debido proceso del que tenía derecho Petro", agregó el periodista.
La orden judicial ordena que en un lapso de 48 horas Santos deberá restituir a Petro y atender las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había emitido un fallo a favor del exalcalde, explicó Henao.
Según la justicia colombiana, señaló el reportero, Santos desconoció la sentencia de la Corte Constitucional que expresa claramente que las medidas de entes internacionales son vinculantes, "por lo que se debe retornar al exalcalde a su cargo mientras se da el proceso de investigación" sobre el presunto delito cometido por Petro y sus funcionarios de infrigir la ley de Protección de la Competencia en el diseño y aplicación del nuevo esquema de aseo.
Entre tanto, la Procuraduría General de Colombia que inhabilitó por 15 años a Petro, el pasado mes de diciembre, manifestó tras el fallo judicial que va a impugnar la decisión del Tribunal, indicó el corresponsal.
El Gobierno y la Procuraduría pueden impugnar la decisión del Tribunal y ese recurso deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia y, al final, por la Corte Constitucional.
La tutela señala que la Procuraduría no tenía la competencia para destituir al exalcalde, un tema que en las altas cortes ya ha sido discutido y de alguna forma concluido, cuando el Consejo de Estado determinó que sí era competente para investigar y sancionar a funcionarios públicos, incluyendo a los elegidos por el voto popular.