Unos 63 cubanos que permanecían en el parque “El Arbolito” en Quito, capital de Ecuador, fueron detenidos y trasladados a la Unidad de Flagrancia para analizar su situación migratoria y serán deportados a la isla.

Así lo informó este miércoles el ministro del Interior ecuatoriano, José Serrano, tras el desalojo de los ciudadanos cubanos que llevan dos semanas en el lugar.

“Todos quienes estén de manera irregular en el país serán deportados a Cuba inmediatamente, luego del procedimiento legal”, aseveró Serrano y añadió que esas personas no tenían autorización de ninguna institución para hacer la concentración.

Aseguró que el Estado ecuatoriano va a “proteger no solo el orden público sino la integridad de todos los ciudadanos que habitan el país”.

Asimismo, informó que durante el desalojo realizado este miércoles en la madrugada una personas agredieron a varios policías, mientras que el Gobierno ha sido “muy meticuloso y prudente” al habilitar médicos y ambulancias en el lugar, así como al momento de realizar el traslado.

Los ciudadanos cubanos que tomaron el parque “El Arbolito” exigen medidas especiales para poder llegar a Estados Unidos. Para ello, pretenden recibir una visa humanitaria de México o que el Gobierno de Ecuador ponga a disposición de ellos un avión que los lleve a la nación norteamericana, donde serán beneficiados por la política de “pies mojados-pies secos” y la Ley de Ajuste Cubano de 1966.

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La Embajada de Cuba en Ecuador aclaró ante la opinión pública, que estos ciudadanos, en su inmensa mayoría, salieron de manera legal de su país y ninguno de ellos es perseguido por sus ideas políticas, como algunos han expresado.

Estas personas no cesan en su intento de llegar a los EE.UU. , alentados por la política migratoria que el gobierno de ese país mantiene hacia Cuba a pesar del restablecimiento de las relaciones. Con ella los cubanos son admitidos, incluso indocumentados, y les brindan facilidades exclusivas como la obtención de la residencia permanente al cabo de un año.

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En contexto

El 2 de noviembre de 1966 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Pública 89-732, “The Cuban Adjustment Act”, conocida comúnmente en español como la Ley de Ajuste Cubano, que permitía al Fiscal General, “a su discreción y conforme a las regulaciones que él pudiera prescribir”, ajustar el estatus inmigratorio que tenían los refugiados cubanos que se encontraban en la nación.

En 28 de septiembre de 1965, ante un incremento de las salidas ilegales, el Gobierno de Cuba abre el puerto de Camarioca, para facilitar que los cubanos residentes en los EE.UU. fueran a buscar a familiares y amigos. Ante esta unilateral medida de la isla caribeña, el Gobierno norteamericano comienza a negociar un acuerdo inmigratorio con Cuba, que se culmina, el 6 de noviembre de 1965, con la firma del documento conocido como el “Acuerdo entre Cuba y Estados Unidos de noviembre de 1965, respecto al traslado de cubanos que deseen vivir en Estados Unidos”.

La situación de limbo que padecían muchos de los cubanos que habían llegado a los EE.UU. antes de 1966 y el no tener una solución para el ajuste legal de los que comenzaron a ir en los vuelos de Varadero, obligó en la práctica al Congreso norteamericano a implementar y aprobar la Ley de Ajuste Cubano en noviembre de 1966, lo cual permitió que tanto los cubanos que se encontraban en los Estados Unidos, como también los que llegarían por el “Puente Aéreo” pudieran solicitar la residencia permanente de acuerdo con los requisitos establecidos por esa Ley.