El 29 de julio de 2021 juramentaba en Ayacucho el presidente Pedro Castillo, luego de realizar lo propio oficialmente ante el Congreso de la República un día antes, el 28, aniversario de la Patria. Se cumplían 200 años de la independencia peruana. ¿Por qué juró de nuevo en Ayacucho? Pues porque es un territorio peruano de histórica tradición de lucha, de florecimiento artístico milenario, de choque de culturas y de resistencia popular en varios periodos de nuestra historia, pero además símbolo del fin del poder colonial español en nuestra América, porque fue en su suelo, en la Pampa de la Quinua, donde el Ejército Unido Libertador del Perú, comandado por Antonio José de Sucre, peleó por la libertad de todo un continente el 9 de diciembre de 1824. En aquella oportunidad, el presidente Castillo dijo: “Juro por Dios y por la Patria desempeñar fielmente el cargo de presidente constitucional de la República del Perú por encargo del pueblo peruano, por un país sin corrupción, por todos los pueblos del Perú y por una nueva constitución”. No lo dejaron gobernar y no se detuvieron quienes siempre detentaron el poder en el país hasta quebrar el orden constitucional y secuestrarlo políticamente el 7 de diciembre de 2022.

¿Hubo logros y avances entre julio de 2021 y diciembre de 2022? ¡Claro que sí! En materia laboral, en problemática social y ambiental, en el tema agrario, en asuntos de soberanía. Pero todo lo que se hizo fue en permanente guerra sin cuartel contra la derecha, los medios de comunicación y el gran capital, además de algunas mafias y pequeños, pero no por eso menos ambiciosos, grupos de poder gremiales y regionales, que intentaron cercar al gobernante y no menos importante, sino todo lo contrario, por cierta izquierda, que −prestándonos la frase de Alberto Flores Galindo−: “…empeñada en participar en las elecciones y en los mecanismos tradicionales de poder, se aleja del movimiento popular, es étnica y culturalmente distante de las mayorías populares” (Testamento, 1989).

Presionado por todos los ángulos y alejado parcialmente de su pueblo por los círculos concéntricos que se habían formado alrededor de él, en parte por inexperiencia del gobernante, en parte por los diversos sabotajes de tirios y troyanos, Castillo decidió la proclama del 7 de diciembre en donde básicamente decía lo que el pueblo pedía: la necesidad de cerrar el Congreso obstruccionista, corrupto y vendepatria, la urgencia de la reforma del Estado y la convocatoria a un proceso constituyente. ¡Eso clamaba el pueblo en su mayoría! Las mismas encuestas privadas lo señalaban. Y la adhesión a ese programa continúa, no ha disminuido, ha crecido.

Pero nuestra argumentación no trata de negar los supuestos de la derecha y los golpistas, el asunto es cómo reaccionó la izquierda tradicional, conformada por aquellos que llegaron con Pedro Castillo al Gobierno y el sector que perdió las elecciones. Además de participar en los hechos ilegales de la vacancia ignorando los artículos 68 del reglamento del Congreso sobre la moción de orden del día, que no se presentó y el 89, que exige el 20 por ciento del número legal de congresistas, así como la votación no menor a los 2/3 de integrantes del Congreso, logrando 101 votos y no 104 como se requería legalmente; sin contar que no hubo presentación previa de la moción de vacancia ni posibilidad de juicio político y asumiendo como correcta la detención del presidente en funciones violando su inmunidad y su dignidad; ese sector de la izquierda reconoció a la usurpadora Dina Boluarte como presidenta legítima y además de felicitarla la llamaron continuidad constitucional del Gobierno, lo cual no es correcto.

Ni aun cuando empezó la masacre cambiaron de posición. Hace muy poco han virado exigiendo la renuncia de Boluarte, mientras al mismo tiempo piden a la dictadura adelanto de elecciones. En el Perú se rompió el orden constitucional. El profesor Pedro Castillo es el presidente legítimo del país. Pero ese sector no solo no se moviliza ni reclama por la libertad del presidente, sino que se ha sumado a la condena y a la pretensión de “sanción a sus actos de corrupción”, es decir, reconociendo al Poder Judicial rehén de la dictadura y aunándose al cargamontón contra el presidente.

Es lamentable que cierta izquierda siga viendo a Pedro Castillo como un recién llegado, como alguien a quien sienten ajeno al campo popular tal como ellos lo ven, que quieran limpiarse de él, haciéndolo a un lado, abandonándolo en su hora más oscura y, como hemos expuesto, no a él solamente como ciudadano, como persona, sino a lo que encarna. Citando nuevamente a Alberto Flores Galindo desde el lejano 1989: “Ahora, muchos han separado política de ética. La eficacia ha pasado al centro. La necesidad de críticas al socialismo ha postergado el combate a la clase dominante. No solo estamos ante un problema ideológico. Está de por medio también la incorporación de todos nosotros al orden establecido”. Pareciera que desde que se escribió esto no hubieran transcurrido 34 años, y ese sector que desde la izquierda repudia a Castillo, o se dice abanderado del socialismo “verdadero”, pero lo usa solo como un recetario de cocina o reniega del socialismo en nombre de una originalidad que se basa en traducir y aclimatar los textos de los más famosos filósofos posmodernos. Entre el dogmatismo y el eclecticismo, el oportunismo y la pose, no solo se ha perdido orientación política, sino que se carece de teoría y de ética. Ni siquiera demuestran con Pedro Castillo solidaridad de clase.

José Carlos Mariátegui escribió en 1925: “La solución del problema del indio tiene que ser una solución social. Sus realizadores deben ser los propios indios. Este concepto conduce a ver en la reunión de los congresos indígenas un hecho histórico. Los congresos indígenas no representan todavía un programa; pero representan ya un movimiento. Indican que los indios comienzan a adquirir conciencia colectiva de su situación. Lo que menos importa del congreso indígena son sus debates y sus votos; lo trascendente y lo histórico es el congreso en sí mismo. El congreso como afirmación de la voluntad de la raza de formular sus reivindicaciones. A los indios les falta vinculación nacional. Sus protestas han sido siempre regionales. Esto ha contribuido, en gran parte, a su abatimiento”. Estas reflexiones van a tener un siglo de antigüedad. Mariátegui llamaba a este asunto “el problema primario del Perú”. Dirán para negar esto que Pedro Castillo no es un indio o un indígena. Más allá del término que puede ser discutible desde contemporáneos puntos de vista históricos y políticos, el tema no es étnico ni biológico: es social. ¿Acaso las elecciones de 2021 no demostraron con centenares de expresiones que han quedado escritas y grabadas por parte de las élites que, para ellas, Pedro Castillo representa a ese Perú oprimido, ignorado, marginado, ofendido, tratado con profundo racismo y clasismo? Definitivamente sí. Con la llegada de Pedro Castillo al Gobierno, los pueblos humildes del Perú empezaban a aparecer en la historia política del país, no importaba si el Gobierno cometía errores, profundos inclusive, se trataba de aprender, se trataba de que aquellos que nunca gobernaron lo estaban haciendo por vez primera y había que asumir sus activos y pasivos. Lo demás es subjetivismo.

Pareciera que la izquierda peruana fundada por Mariátegui nunca lo estudió. Se trataba de convertir este movimiento que se encarnó en el voto masivo y en las jornadas épicas de defensa de ese voto en un programa, no importa si los activistas y el mismo presidente utilizaban o no los conceptos teóricos exactos. Se arguye que quienes defendemos la restitución del presidente actuamos guiados por caudillismo o por el endiosamiento de un personaje. Nada más falso. Pedro Castillo no es solo un ciudadano, simboliza la lucha por el voto en un momento crítico de la Patria, significa la defensa de ese voto, personifica a las masas expulsadas de concurrir a su propia historia.

Ese mismo sector ve en el adelanto de elecciones, la salida a sus problemas, están pensando en ser candidatos y ganar, como sea. Es decir, no aprendieron nada de esta coyuntura. Para ellos, Pedro Castillo y los pueblos del Perú les son tan distantes que quieren aprovechar la oportunidad para llegar al Gobierno, a pesar de que los pueblos del Perú les negaron estrepitosamente su voto en 2021. Y en medio de todo, hay quienes sufren por la división de las izquierdas y postergan toda acción detrás de una idílica unidad. La división de la izquierda en el Perú no es algo para jalarse los cabellos, es la reproducción política de nuestra realidad económica, diversos segmentos de clases sociales se reflejan en otras tantas opciones políticas, sobre todo en aquellos que aspiran al centro político o al liberalismo con falsas banderas sociales. En especial en aquellos que convocan movilizaciones mientras llegan a acuerdos con la dictadura o se especializan en defender, antes que nada, la famosa gobernabilidad.

Una necesaria digresión estadística

Para que se entienda más el aspecto simbólico de la elección de 2021, expuesto más arriba, se requiere de algunos datos concretos.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el índice de pobreza en el país se obtiene midiendo las denominadas Pobreza Objetiva y Pobreza Subjetiva. La primera se consigue definiendo a los pobres monetarios, es decir, aquellos en cuyas familias su consumo individual no cubre la canasta básica de alimentos, así como el gasto en vivienda, educación, salud, transporte y vestido, entre otros rubros; pero también a los pobres no monetarios, es decir, los que tienen déficit en la hemoglobina, nutrición, índice calórico y otros aspectos antropométricos. La segunda, la Pobreza Subjetiva, se basa en encuestas. Y las cifras de pobreza extrema se logran con los datos de aquellos que están por debajo de la canasta básica, los que viven con alrededor de 200 soles al mes o casi dos dólares al día.

En América Latina se utiliza generalmente el Índice de Pobreza Multidimensional, cuyos indicadores principales se desprenden de las dimensiones de estándar de vida, salud y educación. En el Perú este modelo aún es iniciático, de modo tal que para señalar la pobreza en la capital del país, Lima y en las principales ciudades, que cuentan con cinturones de miseria notorios, se usan resultados de estudios de Pobreza Subjetiva alternándolos con los datos de la línea de pobreza, extraídos de lo que se necesita mensualmente para sobrevivir; mientras que se aplica el modelo monetario al interior del país, cuyas formas sociales de reproducción de la economía y del desarrollo social no pueden ser medidos únicamente de esta forma; además que no se aplican ni correcta ni solventemente las dimensiones ambientales y de integración social.

Una de las tareas que tenemos pendientes es enfrentar con propuestas los profundos cuestionamientos sobre los parámetros para medir los indicadores de nivel de pobreza y de pobreza extrema, tomando en consideración que existen muchos criterios en contradicción desde el punto de vista de los expertos en estadística, demografía y ciencias sociales en general, en especial respecto a cómo muchas veces se evalúan de forma arbitraria los índices de educación,  salud, acceso a servicios básicos, empleo, vivienda, calidad del hábitat, integración social, ingresos y patrimonio, es decir, las dimensiones que conforman el método de análisis de las Necesidades Básicas Insatisfechas. etc., particularmente en economías profundamente fragmentarias, informales y alternativas como las de la sociedad peruana. ¿Y por qué cuestionar esto? Pues porque veremos que a pesar de que las cifras que detallaremos luego son notablemente preocupantes, presumimos que deben ser en realidad más alarmantes y que las herramientas estadísticas en el país usan modelos al menos insuficientes para detallar la pobreza y la pobreza extrema, no solo en el nivel cuantificable sino incluso en el aspecto teórico. 

Tomando en consideración todo lo señalado, veamos: terminando el año 2022, el Perú contaba −y según los métodos criticados más arriba− con 9.184.000 personas pobres de 33.396.700 personas, es decir, poco más del 27,5 por ciento de la población. De estos, el 41,1 por ciento están en las zonas rurales y 24,1 por ciento en las urbanas. Mientras, la pobreza extrema alcanzó a 1.673,000 peruanos, o sea, a poco más del 5 por ciento de la población total del país.

A esta pobreza, las autoridades le llaman “pobreza monetaria”, ya hemos explicado qué significa y cómo consiguen esas cifras, pero esos ciudadanos no solo no pueden cubrir sus necesidades básicas a partir de la disposición de capital, sino que su mano de obra está raigalmente depreciada y su desarrollo social, tanto en seguridad como en proyección de patrimonio está quebrado, es inviable. No necesitamos ni demasiados indicadores que pueden ocasionar dispersión en las cifras, ni insuficientes de acuerdo con cada realidad, favoreciendo el maquillaje de los datos. La estadística no es una disciplina que deje de tener sello de clase dependiendo del uso y orientación que se da sus instrumentos de procesamiento y análisis.

Las regiones donde se concentra mayor pobreza son Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno; seguidas de Áncash, Apurímac, La Libertad, Lima, Piura, Callao, San Martín y Tumbes.

Los gobiernos neoliberales se jactaban de que el Perú es en América Latina el país con el nivel más alto de reservas internacionales, equivalentes al 33 por ciento de su producto interno bruto (PBI). ¿Cómo se explica este desfase? Porque sencillamente el país maneja su economía para la estabilidad de las grandes empresas subsidiarias del gran capital, entre tanto mantiene los niveles de consumo en el mínimo indispensable para solventar a una clase media compradora y endeudada mientras las grandes masas populares trabajan en parte mal pagadas, en parte en negocios de subsistencia, a la par que el país continúa siendo exportador de materia prima y sin diversificación productiva.

Empero, antes de continuar debemos hacer unos sencillos cruces de variables entre algunas regiones:

De la lista, la producción de Ayacucho depende 21 por ciento de la actividad minera, Cajamarca es la segunda región con mayor inversión minera, Huancavelica es la mayor exportadora de minerales a Malasia, mientras que el 60 por ciento de la población de Apurímac depende de la misma actividad extractiva. La pregunta es: ¿por qué si hay cifras tan auspiciosas la pobreza y la pobreza extrema campean en estas regiones?

Es decir, no es que no existan posibilidades de trabajo o que no se tengan los recursos. Por si quedan dudas, veamos las cifras más lamentables. La mayor cantidad de fallecidos en las protestas contra el Gobierno de facto de la dupla Boluarte-Otárola son de Puno, Ayacucho, Apurímac, La Libertad, Cusco y Arequipa. Por si esto no bastara, las tropas norteamericanas que han sido invitadas a realizar “actividades de cooperación y entrenamiento” se han dirigido a 11 regiones del país además de la provincia constitucional del Callao, entre ellas, sí: Ayacucho, Cusco y Apurímac (donde cayeron asesinados buena cantidad de manifestantes), además de Huancavelica, Huánuco, Pasco, San Martín (de las zonas más pobres del Perú).

Pero compliquemos algo el asunto. ¿En qué regiones resultó ganador el profesor Pedro Castillo en las elecciones de 2021? Por cierto, hay que señalar antes de responder que de 24 regiones resultó victorioso en 16 de ellas. Pues sí, el presidente Castillo ganó en Puno (89,258 por ciento), Huancavelica (84,855 por ciento), Cusco (83,227), Ayacucho (82,642), Apurímac (81,475), Moquegua (73,135), Tacna (72,565), Cajamarca (71,274), Madre de Dios (71,060), Huánuco (67,697), Amazonas (66,714), Pasco (65,354), Arequipa (64,833), Áncash (58,383), Junín (58,155) y San Martín (56,101). El porcentaje de los votos no se debe olvidar tan fácilmente.

Tenemos entonces que las regiones que más recursos tienen son las más pobres y es en su territorio donde el régimen golpista se ensañó más en la represión y donde las tropas de los Estados Unidos realizarán sus ejercicios. Pero, además, fueron las regiones que solventaron ampliamente el triunfo de Pedro Castillo y las que salieron a protestar apenas se consumó el golpe de Estado cívico militar policial, con los votos de un Congreso traidor a los intereses del pueblo. Y quienes continúan protestando. ¿Todo esto es mera coincidencia? ¿Se puede decir esto alegremente? Pues no, todo esto es síntoma del gobierno del capital sobre el trabajo, de la dictadura de los poderes tradicionales y conservadores en el Perú, del apoyo perverso del imperialismo norteamericano.  Y también, lastimosamente, de la ceguera de cierta izquierda.

Libertad y restitución del presidente Pedro Castillo

Es cierto que aún en el movimiento popular peruano hay debilidad, dispersión y localismo, pero esos problemas solo se superan con la práctica y se está demostrando que con constantes y planificadas movilizaciones se está aprendiendo. Los medios masivos, la derecha conservadora y los sectores liberales de derecha e izquierda han hecho todo lo posible por disimular, encubrir y manipular la proclama cada vez mayor sobre la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo. No obstante, hoy es una de las principales banderas de lucha de nuestro pueblo.

¿Que no hay experiencias históricas al respecto? ¡Claro que las hay! El año 2002, en la República Bolivariana de Venezuela a poco más de tres años y dos meses de Gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, la derecha y los medios privados dieron un golpe de Estado. Solo duró entre el 11 y el 13 de abril, pues un pueblo organizado e iracundo junto a un ejército profundamente patriota liberaba a su presidente legítimo, democráticamente electo. ¿Puede ser restituido el presidente Pedro Castillo en el plano de lo político? ¡Por supuesto que sí! Pero esta acción tendrá su dinámica propia, su propio tiempo. La historia previa no es para ser calcada, solo es inspiración y certidumbre de que el pueblo organizado puede definir muchos procesos. 

El pueblo peruano votó en su gran mayoría y en las zonas más empobrecidas del país, pero con grandes recursos por explotar de forma autónoma, como ya hemos visto, por Pedro Castillo. Sin embargo, se hizo y se hace hasta lo imposible para sembrar en las masas la idea de que es un corrupto, un golpista, un expresidente; es decir, hacen todo por instalar la narrativa de la derrota, el discurso del fracaso perpetuo, pretenden incentivar la baja autoestima −hija del racismo heredado desde la Colonia−, de la que se han aprovechado secularmente, para inmovilizar al pueblo o para utilizarlo como furgón de cola de sus proyectos de gobierno.

Defender nuestra dignidad como pueblo es luchar por la restitución del voto popular y llegar al año 2024 con un nuevo juramento en Ayacucho, por el bicentenario del fin del coloniaje en el Perú, pero esta vez la promesa oficial será en la Pampa de la Quinua, en el Altiplano, en las punas, en los valles, en los bosques, donde sobreviven, trabajan y mantienen al Perú nuestros pueblos más combativos, los que en 2021 se vieron reflejados en el sencillo maestro de escuela y su familia.

Nota: El autor es integrantes de Izquierda Socialista / Perú