Las protestas golpistas que ha ejecutado la extrema derecha venezolana desde el pasado 12 de febrero han quebrantado los derechos humanos del pueblo, según indicó la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, en una entrevista televisada por un canal privado.

El cierre de vías públicas, que impide transportar alimentos y medicinas a determinadas partes del país, es parte del quiebre al estado de derecho, por lo que los poderes del Estado deben actuar de manera responsable, según indicó la representante del Poder Ciudadano.

“El Estado no puede comulgar con quien genera inestabilidad política y se niega al diálogo”, agregó. En ese sentido, indicó que el Ministerio Público trabaja para que se esclarezcan los casos en que han resultado fallecidos más de una treintena de personas con la mayor celeridad posible.

La Defensoría del Pueblo ha ejecutado 757 acciones a favor de las víctimas, relacionadas a los hechos violentos que ejecuta la derecha desde hace casi siete semanas. Además, indicó que han sido detenidos 17 funcionarios policiales por tres denuncias de tortura.

“Para nosotros, que tenemos la cicatriz de El Caracazo, no nos interesa proteger a funcionarios que se salgan de las conquistas de la Constitución de 1999, como es el resguardo de manifestaciones sin el uso de armas de fuego”, expresó. El Caracazo fue la rebelión del pueblo que se volcó a las calles en 1989 para exigir reivindicaciones sociales, que le fue otorgada con el gobierno del Comandante Hugo Chávez, en esa expresión popular los manifestantes fueron reprimidos por el Gobierno de la extrema derecha.

Campaña mediática

La Defensora denunció nuevamente una campaña mediática de medios privados internacionales que consiste en difundir imágenes de la contención de la violencia por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y hacerlas pasar por represiones a las protestas vandálicas de la derecha.

Al respecto, destacó que la actuación constitucional de la GNB se ha realizado exclusivamente en zonas de clase media alta, donde grupos violentos atentan contra la paz de la ciudadanía.

La satanización de los colectivos iniciada en el 2002 al llamar “círculos del terror” a los círculos bolivarianos, también es parte de la campaña que sugiere la violación a los derechos humanos por parte del Gobierno nacional.

Los colectivos que hacen vida en el país trabajan en diferentes temáticas, entre ellas: cultura, educación, ecología y deporte. La campaña mediática es infundada, pues la Defensora aseguró que es un irrespeto asociar las experiencias de esas organizaciones populares con los hechos violentos que también han dejado centenares de heridos y pérdidas multimillonarias en el patrimonio nacional, en su intento de derrocar al dignatario Nicolás Maduro.