Los estadounidenses tenían los ojos colgados en la televisión. En aquella noche, día 8 de marzo, Joe Frazier y Muhammad Ali disputaban, en el Madison Square Garden, tradicional gimnasio de Nueva York, la primera de sus leyendarias luchas del siglo.Los estadounidenses tenían los ojos colgados en la televisión. En aquella noche, día 8 de marzo, Joe Frazier y Muhammad Ali disputaban, en el Madison Square Garden, tradicional gimnasio de Nueva York, la primera de sus leyendarias luchas del siglo.

Fueron quince dramáticos rounds.

Frazier era el campeón mundial de los pesos pesados. Su desafiante, invicto, había sido exonerado del cinturón máximo de la categoría por haberse recusado a combatir en la Guerra del Vietnam.
La mayoría de los fanes blancos querían la derrota del hombre que “volaba como una mariposa y picaba como una abeja”, como el propio se describió. Ali era el gran símbolo de resistencia a la supremacía racial en una nación todavía marcada por la segregación, un astro de la desobediencia civil contra los halcones anticomunistas que gobernaban la Casa Blanca.

En el 11º round, el ídolo negro de la clase media conservadora derrumba Ali con un gancho izquierdo. Su adversario cae de espaldas. Se recupera. Se levanta mareado. Se arrastra para terminar la lucha, que termina con su derrota por puntos.

A menos de 200 quilómetros de allí, en Media, Pensilvania, un grupo de ocho jóvenes se preparaban para una acción espectacular. Integraban una pequeña organización llamada Comisión Ciudadana para Investigar al FBI.

Su líder era William Cooper Davidon, profesor universitario de física y matemática que, en la misma fecha, completaba 44 años. Entraría para la historia, luego se verá, como el Edward Snowden o el Julian Assange de la era analógica.

Estaban listos, después de meses de preparación, para invadir el escritorio del FBI en la ciudad, donde imaginaban encontrar documentos comprometedores sobre las

Los papeles que encontraron constituían un pequeño tesoro: los secretos del Counter Intelligence Program (COINTELPRO, la sigla en inglés), el plan clandestino de J. Edgar Hoover, para enfrentar a los comunistas y otros grupos insurgentes.

COINTELPRO: “Exponer, infiltrar, manipular”

Concebido en 1956, en el apogeo de la Guerra Fría, el COINTELPRO sería oficialmente interrumpido en 1971, poco después de las descubiertas de Davidon y sus compañeros empezaren a circular por la imprenta.

Uno de los documentos encontrados, firmado por el propio Hoover, en 25 de agosto de 1967, determinaba el objetivo de la nueva fase del programa: “exponer, infiltrar, desorganizar, manipular, descreditar, neutralizar y, si necesario, eliminar las organizaciones y grupos nacionalistas negros basados en el odio, sus líderes, puerta-voces, miembros y simpatizantes.

Era una declaración de guerra interna sin cualquier autorización del Parlamento y sin reconocimiento gubernamental.
El vale todo incluía fabricación de pruebas, falsificación de crímenes, provocar conflictos internos, destruición de recursos materiales, guerra mediática, control del sistema judicial y asesinatos a sangre frío.

Mismo públicamente suspendido, el programa todavía sería conducido en escondido hasta 1975, cuando investigaciones abiertas por el Senado obligaran la CIA y el FBI a reorganizaren su manual operativo.

El jefe de la investigación, Frank Church, senador demócrata de Idaho cuyo apellido bautizó la comisión encargada, fue claro y sintético en sus conclusiones: “se tratan de actividades ilegales y antiamericanas”.

Esta también es la opinión de Cynthia McKinney, de 61 años, exdiputada federal para la Georgia. Demócrata como Church, dedicó buena parte de su vida académica y parlamentar al estudio del tema.

“No había límites para la acción del Estado en el combate a organizaciones rebeldes”, dice. “Los blancos principales eran claramente los grupos minoritarios, como negros, americanos nativos y latinos”

Simpática a los Panteras Negras en la juventud, Cynthia nunca se consideró una “revolucionaria activa”, pero ha participado activamente de las pesquisas y denuncias sobre el aparato represivo que llevó cientos de activistas a prisión y algunas decenas a la muerte.

“Las élites del país entraron en pánico con los levantes negros y el movimiento contra la Guerra del Vietnam”, analiza. “El sistema de supremacía blanca y dominio corporativo no podía convivir con una situación que parecía poner en riesgo su hegemonía”.

La exdiputada hace hincapié de destacar que la reacción no se restringió a la acción represiva.

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“La estrategia era apoyada por una colusión entre aparatos policiales y media, hasta hoy existente”, resalta. “Los documentos del COINTELPRO demuestran que un tercio de su presupuesto era dedicado a sobornar periodistas y vehículos que participasen de la demonización de los insurgentes”.

Su evaluación es corroborada por la escritora Sarah Flounders, actualmente principal líder del Centro de Acción Internacional, entidad fundada por el exfiscal general, Ramsey Clark, para oponerse a las guerras promovidas por los EE.UU. y a la persecución interna contra minorías.

“La intervención del FBI estuvo por allá de medidas represivas, condicionó el comportamiento de la industria de comunicación y contaminó el sistema judicial”, resalta. “Los juicios de la mayoría de los presos políticos no pasaron de farsas, con pruebas forjadas, testigos presionados y decisiones ilegales”.

Comisión Church

El reconocimiento de estos hechos está en el informe de la Comisión Church, finalizado en 1976. Al contrario de lo que pasó en otros países, sin embargo, la identificación de las ilegalidades cometidas por el Estado no fue acompañada por una única política de amnistía o reparación de brutalidades.

Una de las pocas excepciones es el caso de Dhoruba Bin Wahad, 70 años, nacido Richard Earl Moore.

Uno de los jefes de los Panteras Negras en el Bronx, en Nueva York, Wahad vivía en la clandestinidad. Fundador del brazo armado de la organización, la policía lo capturó cuando lideraba una invasión a un club local dominado por traficantes.

“El incentivo a las drogas en las comunidades negras, particularmente la heroína, hacía parte de la estrategia de la CIA y del FBI”, registra. “El tráfico ayudaba a financiar actividades ilegales de inteligencia en el exterior y era elemento de desestabilización de la lucha antirracista”.

El Comité John Kerry, en 1986, dirigido por el actual secretario de Estado, entonces senador por Massachusetts, efectivamente comprobó que recursos públicos eran ofrecidos para traficantes que se dispusiesen a colaborar con los enemigos de la revolución sandinista, en la Nicaragua de los años 80. A pesar de los fuertes indicios de encubrimiento, no hay reconocimiento oficial sobre supuestas facilidades para el comercio de drogas dentro de los Estados Unidos.

Los Panteras Negras, sin embargo, estaban convencidos de que el futuro de su partido estaba condicionado a limpiar el tráfico de los barrios en los cuales actuaban.

Detenido en septiembre de 1971, en un de los episodios de confronto con el crimen organizado, Wahad era el pez grande que la policía esperaba para presentar como responsable por un atentado de amplia repercusión.

En el día 19 de mayo, dos policías habían sido ametrallados en frente a la casa de Frank Smithwick Hogan, fiscal general de Nueva York y uno de los exponentes de la campaña contra organizaciones rebeldes.

Wahad fue condenado a prisión perpetua, con derecho a condicional, sentencia basada en testigos que afirmaban haber visto o saber de su supuesta participación en el crimen.

Revisión

Cuando hacían ya cuatro años que estaba encarcelado, supo de informaciones traídas a público por la Comisión Church y sus abogados entraron con un proceso para tener acceso a esos documentos.

A lo largo de los quince años siguientes, el FBI liberó más de 300 mil páginas con informaciones diversas. Intentando hundir la defensa en una mar de papel, sus agentes acabaron por entregar transcripciones de informes con los testigos de acusación, en los cuales quedaba claro que habían cambiado su versión por presión de los policías.

En em dia 15 de marzo de 1990, el juez Peter J. McQuillan, de la Corte Suprema de Nueva York, anuló el juicio anterior, por el hecho de que los fiscales escondieron evidencias que podrían exculpar el reo.

El mismo tribunal también negó el pedido para un nuevo proceso, determinando que el gobierno federal debería pagar una indemnización de US$ 400 mil a Wahad. Esa decisión, de 1995, fue seguida por otra, cinco años después, obligando la ciudad de Nueva York a pagar adicionales US$ 490 mil por daños morales y materiales.

El Parlamento estatal, en seguida, revocó la ley que permitía revisión de juicios definitivos por omisión de pruebas testimoniales cogidas a posteriori.

“Vivíamos y continuamos a vivir en un Estado policial”, dice Wahad. “Las libertades democráticas son garantizadas solamente a quien no amenace al sistema. Del contrario, como pasó con los movimientos de los años 60 y 70, la respuesta siempre será una política de exterminio”.

Artículo extraído de: http://operamundi.uol.com.br/conteudo/babel/44874/programa+secreto+del+fbi+coordino+represion+politica+en+los+eeuu.shtml