La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmará este lunes el proyecto de reforma educativa que postula devolver a la enseñanza su carácter público y gratuito, e inmediatamente la remitirá al Congreso Nacional para su debate y aprobación, satisfaciendo así una demanda social de millones de chilenos.

El proyecto jurídico tiene más de 50 páginas y, entre otros aspectos, plantea poner “fin al lucro, a la discriminación; establece la gratuidad escolar y crea una nueva institucionalidad de educación parvularia".

La iniciativa propone dejar atrás el financiamiento compartido, mediante el congelamiento de los montos que cobran los colegios ("copago") a padres, para reemplazarlos gradualmente por un subsidio estatal.

En ese sentido, las instituciones educativas que reciban subsidios estatales no podrán tener fin de lucro, motivo por el cual es necesario modificar también la Ley General de Educación vigente, que permite la obtención de utilidades por la actividad escolar.

Precisamente, esos institutos tendrán dos años de plazo para realizar la conversión de su estado societario, pudiendo solicitar al Estado que compre los inmuebles donde funcionan.

Por su parte, el Estado tendrá un período de 12 años para pagar esos inmuebles, aunque descontando del precio la inversión que realice en infraestructura.

Adicionalmente, el proyecto prevé la creación de un organismo estatal para la compra de colegios de aquellos propietarios que deseen dejar la actividad, buscando evitar cierres masivos y caída de la matrícula.

Por otro lado, la reforma busca dejar atrás la facultad de los colegios de seleccionar a los alumnos que admiten, mediante evaluaciones, para adoptar un sistema en el que los padres podrán establecer un orden de preferencia para postular a sus hijos.

Las normas de funcionamiento del sistema educativo chileno rigen desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y son rechazadas desde hace años por la sociedad.

Esta reforma forma parte de la médula de las promesas electorales con las que Bachelet ganó la Presidencia de la República, cinco años después de haber terminado su primer mandato, provocando masivas movilizaciones estudiantiles durante los últimos años.