Presentan cargos por corrupción contra Lula da Silva en Brasil
El Ministerio Público de Brasil presentó este miércoles cargos por corrupción contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva y otras seis personas.
Los cargos se enmarcan dentro de la investigación del esquema de corrupción en Petrobras, según informó el canal de televisión local GloboNews.
Es la primera vez que Lula, quien sigue siendo el político más popular de Brasil pese a los señalamientos de corrupción contra el Partido de los Trabajadores (PT), es acusado directamente por los fiscales federales en relación a su presunta participación en el esquema de sobornos en la petrolera contratada por el Estado.
Lula da Silva y su esposa son acusados de corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales.
Igualmente, fueron presentados cargos contra 6 personas, entre ellas Leo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, S.A. y Paulo Gordilho, un ingeniero de la constructora.
De acuerdo con la acusación, la OAS gastó 1,1 millones de reales (333 mil dólares) en las reformas de un apartamento en Guarujá, municipio del estado de Sao Paulo, en Brasil. La vivienda estaba destinada para el uso de la familia de Lula da Silva, pese a que su nombre no aparece en los papeles de propiedad.
En un comunicado presentado por los abogados del exmandatario, Da Silva manifestó que los cargos presentados en su contra tienen "motivación política" y carecen de "respaldo jurídico".
"Lula jamás fue propietario y ni siquiera pasó una noche en el supuesto apartamento que la Lava Jato intenta desesperadamente atribuir al expresidente", escribieron sus portavoces en su perfil oficial de Facebook.
El pasado 30 de enero, Lula reveló públicamente los documentos que probarían que no es dueño de ningún apartamento en Guarujá y que sólo estuvo allí una vez cuando su familia evaluaba si compraba el inmueble.
En contexto
El 26 de agosto, la Policía Federal de Brasil presentó cargos contra Lula da Silva por lavado de dinero y falsificación sobre la adquisición de un apartamento.
Las pruebas debían ser analizadas por la Fiscalía de Brasil en un plazo de 90 días para determinar si se abría un proceso contra Lula y los otros acusados.
Los abogados del líder del Partidos de los Trabajadores (PT) consideran que tanto él como su familia sufren una persecución tras la denuncia presentada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por abusos cometidos durante la investigación del caso Petrobras.