Para este miércoles estaba previsto firmar el acuerdo final de las mesas de diálogo por la paz de Colombia en La Habana, Cuba, pero diversos desacuerdos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de esta nación postergaron el proceso.  

Tras los avances de las conversaciones, la promesa de rubricar el convenio este 23 de marzo quedó incumplida. A comienzos de año voceros de la organización insurgente advirtieron que este miércoles no se llegaría al fin de los debates, debido a ciertas diferencias.

>> Organizaciones piden garantías a Gobierno colombiano y las FARC 

Recientemente Carlos Lozada, negociador por la guerrilla en Cuba, precisó que tras haber avanzado significativamente en las discusiones, la delegación del Estado presentó un documento que prácticamente reversa lo que se ha logrado en los últimos meses.

>> Las FARC-EP califican como "histórico" el encuentro con Kerry 

Las FARC-EP han demostrado reiteradamente su disposición a contribuir en la superación del conflicto, pero el Estado colombiano se resiste a garantizar las medidas, mecanismos y herramientas para la consecución de la paz.

Ante las constantes negativas del Gobierno colombiano se atrasa la firma del acuerdo que pondría punto y final a más de medio siglo de conflicto armado. 

Las condiciones

Esta etapa de las negociaciones se encuentra bloqueada por diferencias en las condiciones impuestas a los miembros de las FARC-EP. La organización solicita que se aclare la forma en que serán levantadas las órdenes de captura y la fórmula para blindar los acuerdos.

Los negociadores de la guerrilla exigen que se mejoren aspectos relativos a las características de las zonas de concentración, las propuestas sobre la dejación de las armas y los términos del cese del fuego bilateral y definitivo.

Garantías

Las FARC-EP consideran que la suspensión de las órdenes de captura debe aplicar no solo estando en las zonas de concentración, sino en todo el territorio nacional.

Henry Castellanos, alias Romaña, dijo que “el movimiento guerrillero no va a concentrarse si no hay garantías, no va a dejar las armas si no hay garantías (...) lo que no han entendido muchos es que aquí estamos dos partes hablando”.

De igual modo, con relación a las zonas de concentración ratificadas por el Congreso de la República fuera de la mesa de discusión, Benkos Biohó, miembro del equipo de las FARC-EP en La Habana, dijo que "lo que se aprobó en el Congreso son cárceles a cielo abierto” y criticó la decisión.

Para el Gobierno, la reintegración de la guerrilla a la sociedad solo se dará como iniciada cuando hayan abandonado las armas de manera definitiva.

Dejación de armas

Una de las aristas de la actual discusión es la dejación de armas, porque el Gobierno colombiano desea que estas sean entregadas en casi su totalidad una vez se dé la ubicación de las tropas guerrilleras en las zonas de concentración.

La organización insurgente cree que ese proceso debe darse gradualmente, a medida en que se vaya dando cumplimiento a lo acordado por ambas partes.

Asimismo, solicita que las armas se guarden en contenedores en las mismas zonas de concentración para garantizar el control del acuerdo y su protección.

Participación ciudadana

Uno de los puntos que quizás no es prioridad en la mesa, pero que sí constituye un cabo suelto vinculante al proceso, es la selección del mecanismo de implementación, verificación y refrendación del acuerdo final del cese al fuego.

Los ciudadanos colombianos tendrán la oportunidad de refrendar el pacto, pero el instrumento no se ha definido. Recientemente el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, solicitó a la Corte Constitucional que declare inexequible la convocatoria de un plebiscito para legalizar el acuerdo.

Esto porque, a juicio de la autoridad, el conflicto armado "no puede estar sometido a un resultado electoral" y porque el Estado tiene la obligación "de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos, incluido el derecho a la paz".

Unilateralidad

Los negociadores de paz de las FARC-EP aseguran que el alcance del acuerdo final se ha frenado por "decisiones unilaterales del Gobierno" en temas que deben ser objetos de discusión en La Habana, como por ejemplo, las zonas de concentración para la guerrilla aprobadas solo por el Congreso sin tomar la opinión de la organización.