El primer ministro británico, David Cameron, anunció este jueves la presentación ante la Cámara de los Comunes de una legislación de emergencia para seguir vigilando los correos electrónicos y las llamadas telefónicas de cualquier ciudadano mediante las redes de comunicación, situación que ha alarmado a los defensores de los derechos civiles, quienes consideran la medida una amenaza a la privacidad.

Cameron destacó la necesidad de una legislación de ese tipo para proteger a la población británica de posibles actos criminales y terroristas y aseguró contar con el apoyo de los principales partidos de Reino Unido.

Según el diario The Guardian, la ley deberá ser aprobada por la Cámara de los Comunes el próximo lunes. En la Cámara de los Comunes, la ministra de Interior, Theresa May, recalcó que se trata de mantener el "status quo" y evitar perder información vital para luchar contra el terrorismo.

Pese a que, de acuerdo con el primer ministro, la directiva no permite el acceso al contenido de mensajes y llamadas telefónicas, sino a su fecha, hora, emisor y destinatario, su anuncio provocó el descontento de organizaciones defensoras de los derechos individuales.

No obstante, las organizaciones defensoras de los derechos civiles se mostraron alarmados sobre todo tras la polémica generada el año pasado cuando el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Edward Snowden, reveló el alcance del espionaje masivo de EE.UU. y el Reino Unido.

A mediados de junio último, el Gobierno británico afirmó que el espionaje de contenidos divulgados en las redes sociales es autorizado por las leyes nacionales.

Esta nueva ley de emergencia surge tras la invalidación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de una polémica directiva sobre la conservación de datos, aprobada en 2006, por considerarla "una grave injerencia en los derechos fundamentales y la privacidad individual", pues dicha normativa autorizaba el manejo de información de personas comunes no necesariamente vinculadas a actos criminales.

La Corte condenó, además, aspectos como el tiempo desproporcionado permitido para la conservación de información (hasta dos años), el almacenamiento y utilización de ésta sin el conocimiento de los individuos implicados y la ausencia de una medida para restringir su aplicación a territorio de la UE.