El Gobierno de Bélgica aprobó este viernes un polémico proyecto de ley que permitirá calificar de extranjeros a ciudadanos nacidos en el país, quienes podrán ser expulsados bajo el argumento de seguridad nacional y protección del orden público.

La ley también abre la posibilidad de expulsar a extranjeros que llegaron a Bélgica antes de los 12 años de edad, así como a personas con permisos de residencia legal, incluso de larga duración.

Los opositores de la controversial ley criticaron que el Gobierno belga no ha explicado los criterios para justificar la expulsión de extranjeros por "seguridad nacional y orden público". Calificaron la medida de "discriminatoria e ineficaz".

>> Veto migratorio de Trump contra siete países continuará suspendido

Los partidos VLD (liberales y demócratas), CDH (cristianos demócratas francófonos), CD&V (cristianos demócratas flamencos), MR (conservadores) y N-VA (nacionalistas flamencos) apoyaron la ley impulsada por el secretario de Estado de Asilo y Migración, Theo Francken.

Francken dijo que el Gobierno había tenido problemas al retirar pasaportes a extranjeros que residían en el país con un permiso especial por haber llegado antes de cumplir 12 años, lo cual aseguró "va a cambiar".

El diputado conservador Philippe Pivin, en una generalización de los extranjeros, puso como ejemplo el caso de Salah Abdeslam, el terrorista que participó en los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, quien no fue deportado de Bélgica porque pasó su infancia en Molenbeek, un barrio de Bruselas. 

La diputada socialista Monica de Coninck advirtió del peligro de crear "dos categorías de ciudadanos" y recordó que "todos los nacidos en Bélgica pertenecen a la sociedad belga". 

>> En 2017 han muerto 255 refugiados en el mar Mediterráneo

La responsabilidad de ordenar la deportación recae ahora únicamente en la Oficina de Extranjería belga, que deberá "justificar su decisión", mientras que las excepciones serán reguladas en base a información en manos de los autoridades nacionales en materia de seguridad.

La Oficina de Extranjería belga tiene ahora la responsabilidad de ordenar las deportaciones y para ello deberá justificar su decisión.