El Gobierno de Mauricio Macri evalúa la modificación de seis artículos del Código Penal para fijar una pena de ocho años de prisión por "resistencia a la autoridad" para quienes porten bufandas, el palo de una bandera, una botella o arma en manifestaciones. Las sanciones en la actualidad para este tipo de delito van de seis meses a dos años. 

El Ejecutivo plantea endurecer las penas con la reforma del Libro Segundo "Delitos contra la administración pública" y establecer penas de ocho años también si hay una intimidación o fuerza contra la Policía en una vía pública durante cualquier reunión de más de tres personas.

También será castigado con hasta un año de prisión quien “desobedeciere una orden de cumplimiento inmediato de realizar o abstenerse de realizar una determinada conducta, emanada de un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o de una persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”. Hasta el momento, la pena más leve para este delito es de 15 días. 

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De acuerdo con los ministerios de Seguridad y Justicia de Argentina, el nuevo anteproyecto que preparan surge de la "necesidad de preservar el orden necesario para el progreso de la nación, que se ve socavado por la constante falta de respeto a la autoridad y las normas", "que no solo se circunscribe a protestas y reclamos". 

“En las últimas confrontaciones de manifestantes con las autoridades policiales, se han configurado hechos graves que han generado rechazo de la inmensa mayoría de la población”, dice un documento al que accedió el diario argentino El Destape. 

De acuerdo con el medio, el anteproyecto irá al Congreso junto a la propuesta "antipiquetes". 

"Hay algunos delitos que tenían contemplados penas de 15 días a un año que se transforman a penas de seis meses a un año, como es la desobediencia; por ejemplo, si te intiman para levantar un piquete. Ni hablemos del agravamiento por el uso de la cara tapada y hasta tocar con las manos a cualquiera de los agentes de las fuerzas de seguridad", explica Ismael Jalil, abogado de Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi). 

Añadió que estas modificaciones fueron "cosas impensadas hace un tiempo atrás y ya están siendo evaluadas como nuevas figuras típicas, es decir, como nuevos delitos del Código Penal que tienden a hacer ejemplares con alguna detención que no llega a ser excarcelable". 

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