Perdón del Estado colombiano debe estar acompañado de la verdad
René Guarín, hermano de una de las víctimas del Palacio de Justicia en 1985, pidió al Estado esclarecer los hechos para sanar las heridas.
En una entrevista realizada por teleSUR a René Guarín, hermano de Cristina Guarín, víctima del Palacio de Justicia en 1985, manifestó que el perdón del Estado colombiano debe estar “acompañado de elementos de verdad, para que las víctimas sanemos las heridas”.
"El Estado colombiano en el desarrollo de unos acuerdos de paz, y en aras de la reconciliación necesita un perdón no soberbio, de corazón, sincero y ojalá un perdón que venga acompañado de elementos de verdad, para que las víctimas sanemos las heridas y el Estado sane las heridas con nosotros y pague la deuda de Justicia", dijo Guarín.
Indicó que han sido 30 años de lucha y persistencia para los familiares de los desaparecidos. "Comenzamos un viacrucis ante un crimen de Estado que estaba siendo cometido por la policía, Ejército y cuerpos de seguridad".
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Para Guarín hay dos tipos de perdón, uno que es obligado como el del presidente Santos que corresponde al cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “y hay un perdón espontáneo que Santos ya lo ofreció a los militares y el de Belisario Betancur (expresidente) en el año 2012 cuando confirmaron la condena de 30 años al coronel Luis Alfonso Plazas Vegas”.
Agregó que el perdón de Belisario “está lleno de soberbia, carente de verdad, un perdón que hoy no le sirve al Estado colombiano”.
En contexto:
El 6 y 7 de noviembre de 1985, ocurrió el asalto al Palacio de Justicia en la ciudad de Bogotá por parte del grupo guerrillero M-19. Ante esto, las fuerzas militares colombianas retomaron el edificio de manera violenta y en la operación cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos.
Luego de 27 horas el saldo trágico fue de 98 fallecidos, entre ellos 11 magistrados, además de 11 desaparecidos. En octubre pasado, a un mes de cumplirse tres décadas del fatídico hecho, fueron encontrados los restos de tres de las personas desaparecidas.
Por estos eventos, el excomandante de la Brigada XIII del Ejército, general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega recibieron condenas de 35 y 30 años, respectivamente. Los familiares de las víctimas han denunciado que los avances sobre el caso son insuficientes y exigen conocer la verdad sobre lo sucedido en esos hechos y que se enjuicie a todos los responsables del crimen.
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