El Parlamento de Grecia aprobó en la madrugada de este domingo los Presupuestos Generales de 2016, diseñados por el Gobierno de Alexis Tsipras, tras la firma de la “ayuda económica” que imponía ahorros y recortes sociales, principalmente, de pensiones. 

Los legisladores de la coalición de izquierda liderada por el partido Syriza votaron a favor de la ley de Presupuestos, y obtuvieron el apoyo de los nacionalistas de derecha Griegos Independientes, pero el rechazo absoluto de la oposición. 

Aunque se vio obligado a implementar recortes sociales a causa de las presiones del Eurogrupo, el primer ministro, Alexis Tsipras, defendió los presupuestos dado que priorizan la justicia social y establecen mecanismos para avanzar hacia el crecimiento.

"Incluso dentro de este marco financiero estrecho establecido por el difícil acuerdo al que llegamos en julio pasado, logramos el primer objetivo, la redistribución de las cargas, seguido por el segundo que es la gran batalla de la redistribución de la riqueza”, afirmó Tsipras.

Tsipras recalcó a parlamentarios de oposición que el su plan presupuestario es opuesto a las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores y lamentó que los partidos de derecha no rechazaran la reforma del sistema de pensiones para demostrar  el interés de negociar a los acreedores. 

No obstante, la idea ha ocasionado dos huelgas generales contra el Gobierno. El pasado 15 de noviembre los trabajadores decidieron quedarse en sus casas, varios vuelos han sido cancelados y los hospitales han funcionado con poco personal. 

En la segunda protesta organizaciones sindicales de Grecia se manifestaron contra el paquete de medidas de austeridad impuestas por la Troika y que deben ser aprobadas en los próximos días.

A dos meses de iniciar el nuevo Gobierno de Alexis Tsipras, la jornada contó con la movilización de empleados de la administración del Estado y las instituciones locales, médicos y personal sanitario, así como también trabajadores portuarios y de la marina mercante.

El premier girego se comprometió con los acreedores a recortar entre 2015 y 2016 un 1 por ciento del producto interior bruto (PIB) en las pensiones, lo cual será un ahorro de mil 400 millones hasta el próximo año.

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Además pretende ingresar cinco mil 700 millones de euros mediante el cobro de impuestos, gravámenes y cotizaciones y recortes en las prestaciones sociales.