Dirigentes estudiantiles y padres de familia de los normalistas desaparecidos anunciaron en rueda de prensa en la tarde del viernes que continuarán las protestas para obligar al gobierno federal a localizar a las víctimas a la vez que expresaron su rechazo de lo que consideran una "burla del Gobierno".

“La Normal de Ayotzinapa rechaza categóricamente estas líneas de investigación y solicita a la Procuraduría General de la República el redireccionamiento de la misma, para lo cual estamos dispuestos a colaborar”, señala el comunicado que presentaron ante medios de comunicación.

Asimismo, señalaron que la dimisión de Ángel Aguirre Rivero de la gobernatura del estado de Guerrero no resuelve la crisis de ingobernabilidad que se vive en la entidad, y también advirtieron que van a radicalizar sus protestas para obligar al gobierno federal a encontrar a los estudiantes.

La salida del gobernador Aguirre es intrascendente porque no resuelve el fondo del problema.

Fuentes oficiales informaron que se trata de una sesión de mero trámite para informar al pleno sobre la dimisión del Ejecutivo, razón por la que el documento será turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que encabeza el perredista Ángel Aguirre Herrera, hijo de Ángel Aguirre Rivero.

El martes 28, los integrantes de la comisión presentarán ante el pleno el dictamen de la licencia solicitada por el mandatario para separarse del cargo, indicó la misma fuente.

Agregaron que la masacre y la desaparición de los normalistas forman parte de un patrón sistemático de criminalización y represión, impulsado por el gobierno desde hace tiempo en contra de Ayotzinapa.

En contexto

Entre el 26 y 27 de septiembre, la policía de Iguala disparó contra los autobuses donde se trasladaban los estudiantes normalistas, hecho que dejó a seis personas muertas (una con signos de tortura) y 17 heridas, además de 58 estudiantes desaparecidos, de los cuales 15 aparecieron, uno de ellos muerto.

La indignación global por el caso también se sustenta en la aparente inacción del Gobierno nacional y su falta de respuestas en un caso de desaparición masiva y a la luz pública. Los familiares de los jóvenes, que llevaban a cabo una protesta contraria al Gobierno regional, han asegurado que no confían en la claridad de la investigación del caso.

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