Padres de Ayotzinapa: México se encamina hacia un Estado autoritario
Los familiares de los 43 de Ayotzinapa aseguran estar preocupados porque México se encamina hacia un Estado autoritario que se niega a ser supervisado por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Los padres de los normalistas realizan este viernes un plantón en las cercanías de la Secretaría de Gobernación, que culminará el próximo domingo.
En una conferencia de prensa durante el plantón, los padres de los desaparecidos y su abogado Vidulfo Rosales señalaron que “es de un Estado autoritario negarse a ser supervisado”.
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La afirmación se debe a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió este jueves que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no seguirá siendo parte de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas.
La CIDH dio este viernes por terminada la misión del GIEI en el caso Ayotzinapa, luego de que el Gobierno mexicano no prorrogara su mandato en la investigación, que culmina el próximo 30 de abril.
"Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del grupo" de expertos, anunció el presidente del ente regional, James Cavallaro.
La también anunció que tras concluir los trabajos del GIEI, se establecerá un mecanismo especial para hacer seguimiento a las investigaciones, decisión que fue considerada positiva por los familiares de los 43 normalistas.
Los padres de Ayotzinapa dijeron que que esperarán a ser convocados por la CIDH para la conformación del grupo especial, al que presentarán una propuesta estructurada para que continúen las indagatorias y se analice el trabajo que realizan las autoridades mexicanas.
En contexto
Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron el pasado 26 de septiembre de 2014 tras ser atacados por la policía municipal de Iguala, estado Guerrero (sur).
La conclusión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR, emitida en octubre del 2014, apuntó a que los estudiantes fueron detenidos por agentes policiales y entregados al grupo criminal “Guerreros Unidos”, que los habría asesinado e incinerado, versión rechazada por los familiares de los estudiantes.