La Cámara Baja del Congreso de Brasil votó este domingo para destituir a la presidenta de ese país, Dilma Rousseff. Ahora el proceso está en manos del Senado.

En un acto cargado de mucho simbolismo, quizá sin intención, el diputado Bruno Araujo fue quien impulsó la destitución que superó los 342 votos, pese a que, según un documento que lo incrimina, recibió ilegalmente fondos del gigante de la construcción Odebrecht, en medio de un escándalo de corrupción de enormes proporciones.

Cabe destacar que Araujo pertenece al partido de centro derecha PSDB, cuyos candidatos han perdido cuatro elecciones seguidas frente al Partido de los Trabajadores (PT) de Dilma Rousseff, cuya última victoria fue hace 18 meses cuando 54 millones de brasileños reeligieron a Dilma.

Estas acciones de Araujo enfatizan la naturaleza surrealista y sin precedentes del procedimiento que se dio el domingo en Brasilia, la capital del quinto país más grande del mundo. Los partidos políticos que han tratado de derrotar electoralmente por dos décadas al PT, se han propuesto desconocer el voto popular del año 2014 y destituir a Dilma bajo los argumentos que, tal como señala el New York Times, son absolutamente dudosos. Incluso el diario The Economist, que aborrece al PT y sus programas contra la pobreza y que desea a Dilma fuera de la presidencia, ha dicho que “si no hay pruebas criminales, la destitución es injustificada” y “luce como un pretexto para sacar del poder a un presidente impopular”.

El procedimiento del pasado domingo, que se llevó a cabo en nombre del combate a la corrupción, fue presidido por uno de los políticos corruptos más descarados del mundo democrático, Eduardo Cunha. Recientemente se descubrió que tiene millones de dólares en cuentas secretas en Suiza que muy posiblemente sean producto de actos de corrupción.

Cunha, además, mintió bajo juramento cuando negó ante una investigación del Congreso brasileño que él tenía cuentas en bancos extranjeros. Según el Globe and Mail, de los 513 miembros del Congreso de Brasil, “318 están bajo investigación o enfrentan cargos”, su víctima, la presidenta Rousseff, en cambio, “no tiene ningún alegato de irregularidades financieras”.

Uno a uno, los diputados acusados de corrupción se dirigieron al micrófono para votar "sí" a la destitución y expresar a Cunha que estaban horrorizados por los actos de corrupción. Como preámbulo de sus votos, citaron una serie de argumentos disparatados que van desde "los fundamentos de cristiandad", no ser "tan rojos como Venezuela y Corea del Norte", la "nación evangélica" y la "paz de Jerusalén". Jonathan Watts de The Guardian retrató parte de la farsa: Sí, votó Paulo Maluf, quien se halla en la lista roja de la Interpol por conspiración. Sí, votó Nilton Capixaba, que está acusado de lavado de dinero. "¡Por amor a Dios, Sí!", expresó Silas Camara, quien está bajo investigación por falsificación de dinero y, malversación de fondos públicos.

Es muy probable que el Senado acepte los cargos, por consiguiente se suspenderá a la presidenta Dilma de su cargo y el vicepresidente proempresarial, Michel Temer, del PMBD, tomará posesión de la presidencia. El vicepresidente, según el New York Times, “está bajo investigación debido que se está supuestamente involucrado en un negocio de venta de etanol”. Recientemente, Temer reveló que uno de los candidatos a liderar su equipo económico sería Paulo Leme, jefe de Goldman Sachs en Brasil.

Si después del juicio, dos tercios del Senado vota para procesar a Dilma, la presidenta será separada de su cargo permanentemente. Se cree que el objetivo principal de este proceso contra Rousseff es proveer una especie de catarsis al público de que se está combatiendo con fuerza la corrupción, además, de que es perfecto para que Temer evite más investigaciones de las docenas de casos de verdadera corrupción entre los políticos de los principales partidos en Brasil.

Es interesante que Estados Unidos haya permanecido casi mudo en este tumulto en el segundo mayor país del hemisferio, de hecho su posición apenas se ha debatido en los grandes medios. No es difícil suponer por qué. Estados Unidos ha pasado años negando, de manera tajante, que hubiese estado involucrado en el golpe militar de 1964 que derrocó al gobierno de izquierda brasileño que había sido electo democráticamente.

Como consecuencia de ese golpe de Estado, Brasil vivió por 20 años una brutal dictadura militar de derecha auspiciada por Estados Unidos. Sin embargo, documentos y grabaciones secretas que han salido a la luz pública prueban que la nación norteamericana colaboró activamente en el golpe de Estado. Una comisión de la verdad del año 2014 documentó que Estados Unidos y Reino Unido apoyaron de manera agresiva a la dictadura e incluso “entrenaron a interrogadores brasileños en técnicas de tortura”.

Ese golpe de Estado apoyado por EE.UU. y la dictadura militar se cierne sobre la actual controversia. La presidenta Rousseff y sus defensores han explicado detalladamente que el intento de destituirla de la presidencia no es más que un golpe. Un importante diputado a favor de la destitución y que muy probablemente se lance a la presidencia, el derechista Jair Bolsonaro, ha alabado a la dictadura militar y, además, ha elogiado abiertamente al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el jefe de torturadores durante la dictadura (responsable de las torturas a Dilma). El hijo de Bolsonaro, Eduardo, también diputado, dijo que su voto por la destitución iba por los “militares del 64”: los que dieron el golpe e impusieron la dictadura militar.

La interminable invocación de Dios y la Familia por los partidarios de la destitución evocaba la consigna del golpe de 1964: “La Marcha de la Familia con Dios por la Libertad”. Tal como hizo la oligarquía mediática que apoyó el golpe de 1964 y que lo consideró necesario contra la corrupción de la izquierda, ellos también, utilizando la misma lógica, han apoyado e incitado, en conjunto, el actual movimiento de destitución en contra del PT.

La relación de Dilma y Estados Unidos ha sido tensa por años y se magnificó por sus denuncias en contra del espionaje de la NSA a industrias brasileñas, su población e incluso a la presidencia, además, de las estrechas relaciones de negocios con China. Su predecesor, Lula da Silva, apartó a muchos funcionarios estadounidenses por, entre otras cosas, unirse a Turquía para negociar un acuerdo independiente con Irán por su programa nuclear cuando Washington intentaba organizar una presión global sobre Teherán. Fuentes en Washington han dejado en claro que Brasil ya no es visto como un país seguro para sus capitales.

Sin embargo, Estados Unidos tiene una larga historia en la organización de desestabilizaciones y golpes en contra de Gobiernos latinoamericanos de izquierda democráticamente electos y que no son de su agrado. Más allá del golpe de 1964 en Brasil, Estados Unidos, apoyó la intentona contra el expresidente venezolano Hugo Chávez en 2002 y tuvo un rol clave en el derrocamiento del presidente de Haití Jean-Bertrand Aristide; mientras que la secretaria de Estado Hillary Clinton fue vital para legitimar el golpe en Honduras en 2009. Esos son solo unos cuantos ejemplos.

Muchos en la izquierda brasileña creen que Estados Unidos está detrás del proceso de desestabilización en su país con el objetivo de sacar del camino al partido de izquierda que confía en el comercio con China y en su lugar virar en torno a un gobierno pro empresarial y pro estadounidense que, de otro modo, jamás podrían ganar unas elecciones por sí solos.

Aunque no existe evidencia real que pruebe esta teoría, un viaje, de muy bajo perfil a Estados Unidos, de un líder opositor brasileño podría alimentar esas preocupaciones. Hoy, un día después de la votación para la destitución, el Senador Aloysio Nunes del PSDB estará en Washington por tres días para sostener reuniones con varios funcionarios estadounidenses, además de diferentes asesores muy cercanos a Clinton y otras figuras políticas.

El Senador Nunes se reunirá con el director y miembro del Comité Relaciones Exteriores del Senado, Bob Corker y Ben Cardin; además del subsecretario de Estado y exembajador de Estados Unidos en Brasil, Thomas Shannon. Asimismo, asistirá a un almuerzo el martes auspiciado por la Albright Stonebridge Group, una firma de cabildeo en Washington, encabezada por la exsecretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albright y el exsecretario de Comercio de Bush y CEO de la compañía Kellog, Carlos Gutiérrez.

La embajada brasileña en Washington y la oficina del senador Nunes declararon a The Intercept que no tenían información adicional sobre ese almuerzo del martes. En un correo electrónico, el Albright Stonebridge Group señaló que no habrá “medios” en el evento; es para las “políticas de Washington y la comunidad empresarial” y una lista de invitados, los temas no se harán públicos.
 
Nunes es una figura de oposición muy importante y, reveladora, para asistir a estos eventos de alto nivel en Estados Unidos. Él fue candidato presidencial en 2014 por el PSDB y perdió ante Dilma. Nunes es una de las figuras de oposición claves liderando la batalla para que Dilma sea destituida en el Senado. 

Nunes, como presidente del Comité Relaciones Exteriores del Senado de Brasil, ha defendido repetidamente que Brasil debe aliarse, nuevamente, con Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, Nunes está profundamente involucrado en casos de corrupción. En septiembre un juez ordenó una investigación criminal, luego que un informante, un ejecutivo de una compañía de construcción, declaró a los investigadores que le había dado al senador Nunes 500.000 reales para su campaña, 300.000 de manera transparente y otros 200.000 en sobornos, para obtener contratos con Petrobras. No es la primera acusación de esa índole en su contra.

El viaje de Nunes a Washington fue ordenado por Temer, que ya está ejerciendo funciones como si fuese el presidente de Brasil. Temer está furioso por lo que él percibe como un cambio radical y muy desfavorable en el discurso internacional, el cual ha mostrado que la destitución es un intento antidemocrático e ilegal de la oposición, liderada por Temer, para hacerse del poder sin haberlo ganado.

El aspirante a la presidencia Temer envió a Nunes a Washington, según el diario Folha, para lanzar “una contraofensiva en las relaciones públicas” que combata el sentimiento antidestitución en el mundo entero, el cual, según Temer ha dicho, está “desmoralizando a las instituciones brasileñas”. Asimismo, ha demostrado una creciente preocupación sobre las crecientes percepciones del intento de destitución de Dilma por parte de la oposición brasileña. Nunes dijo que en Washington “vamos a explicar que no somos una república bananera”. Un representante de Temer expresó que esta percepción “está contaminando la imagen de Brasil a nivel internacional”.

“Este es un viaje de relaciones públicas”, señaló en una entrevista con The Intercept, Mauricio Santoro, profesor de Ciencias Políticas en la universidad estatal de Rio de Janeiro. “El desafío más importante que enfrenta Aloysio no solo es el gobierno estadounidense, sino la opinión pública de ese país. Allí es donde está perdiendo la batalla la oposición”.

Sin duda, la opinión pública internacional está en contra de la destitución de Dilma por parte de los partidos de oposición. Mientras que hace un mes los medios occidentales presentaban las protestas antigobierno en las calles, ahora, de manera rutinaria solo resaltan que los argumentos legales para la destitución son turbios y que los líderes del movimiento para destituir a Dilma están más implicados en actos de corrupción que la presidenta.

En particular, se informó que Temer estaba preocupado y furioso por las denuncias sobre el proceso de destitución de la Organización de Estados Americanos (OEA). El secretario general de la organización, Luis Almagro, estaba “preocupado por el proceso contra Dilma que no ha sido acusada de nada” y “porque los que están impulsando el proceso son miembros del Congreso con acusaciones corrupción y algunos culpables de ella”, El jefe de la Unasur, Ernesto Samper, también dijo que la destitución “es una razón muy seria para preocuparse de la seguridad en Brasil y la región”.

El viaje a Washington de estos líderes opositores implicados en actos de corrupción, el día después de la votación para destituir a Dilma, al menos levanta interrogantes sobre la posición de Estados Unidos hacia la remoción de la presidenta. Y también trae interrogantes en la izquierda brasileña sobre el rol estadounidense en la desestabilización de su país. Asimismo, resalta muchas de las dinámicas que no se han debatido sobre la destitución, incluido el deseo de que Brasil se acerque más a Estados Unidos y se acomode en los intereses económicos globales y las medidas de austeridad a expensas de la agenda política que los votantes brasileños han decidido en cuatro elecciones nacionales seguidas.

Glenn Greenwald
Andrew Fishman
David Miranda