Al menos nueve personas murieron y 18 fueron heridas este jueves durante un enfrentamiento entre fuerzas militares y cultivadores de coca en el municipio de Tumaco, al suroeste de Colombia.

La Fiscalía reportó que algunas de las víctimas presentaron "tiros en la cabeza y entre los cuales hay varios menores de edad", informó a Sputnik Nóvosti, Luz Perly Córdoba, miembro de la Comisión Política Nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

Los hechos se registraron en la mañana de este jueves en la localidad de Puerto Rico Mitaje, en la zona rural de Temuco, cuando los cultivadores de coca conformaron un cordón humanitario para evitar que la policía y el Ejército erradicara de manera forzosa sus cultivos, su único sustento. 

Con respecto al hecho, la Policía colombiana señaló en un comunicado que el ataque fue perpetrado por disidentes del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Por su parte, la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira Nulpe y Mataje (Asominuma) emitió un comunicado en rechazo a los hechos ocurridos Tumaco.

"Los ánimos se ven alterados debido a la provocación suscitada entre miembros de la Fuerza Pública y la población Civil que finalmente desencadena disparos de arma de fuego por parte de los uniformados con los resultados funestos para la comunidad del Alto Mira y Frontera", precisaron.

Por otro lado, el Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera exigió al Gobierno colombiano garantizar la protección de los líderes de cada comunidad que integra a la organización, según el comunicado publicado este jueves.

Solicitan al Gobierno nacional "que garantice la protección de los miembros de la junta de gobierno, de líderes y lideresas y de cada una de las comunidades del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera", detalla el documento.

El Consejo Comunitario aseguró que, como junta de gobierno, se encuentran amenazados por "nuestra posición decidida a favor de la defensa de la vida, la autonomía y el libre desarrollo de nuestros pueblos".

Asimismo, solicitaron al Gobierno colombiano que "la presencia del Estado no solo puede ser vista desde la militarización de los territorios", sino que haya una participación interinstitucional para garantizar el desarrollo propio y el buen vivir de las comunidades.

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