Los representantes del Gobierno argentino tienen prevista una nueva reunión este jueves en Nueva York con los bonistas en busca de una solución para el litigio de los fondos buitre.

El encuentro había sido aplazado y posiblemente continuará en los próximos días, con el fin de alcanzar un acuerdo formal que impida un problema mayor con negativas repercusiones en el ámbito internacional.

La presidenta Cristina Fernández afirmó que no aceptará imposiciones por los fondos buitre ni firmará documento alguno bajo amenaza, reiterando que su país no caerá en cesación de pagos, como pretenden hacer ver esos grupos de tenedores de bonos.

"En default entran los que no pagan y Argentina pagó en tiempo y forma a los bonistas", manifestó al referirse al dinero depositado por el Gobierno en dos bancos estadounidenses para saldar los adeudos con acreedores que entraron en la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010.

El próximo 30 de julio vence el plazo para saldar a los bonistas reestructurados el vencimiento que debió ser cancelado el pasado 30 de junio.

Si bien el Gobierno depositó los fondos en el Banco de Nueva York, el juez Thomas Griesa los bloqueó acorde con su fallo de que Argentina no puede efectuar ningún pago de deuda a menos que antes cancele mil 330 millones de dólares exigidos por el fondo NML Capital.

De no pactarse un acuerdo, declararían al país en cesación técnica de pagos, pero en realidad Argentina tiene capacidad de saldar sus adeudos y continuará haciéndolo a los acreedores en otras partes del mundo.

De tal manera que sólo se le impedirá cancelar la deuda del 30 de junio y otro vencimiento en septiembre -por unos 500 millones de dólares- hasta enero de 2015, a causa de la sentencia de Griesa.

Cristina Fernández remarcó que detrás de las maniobras de los fondos buitre en la justicia estadounidense se esconden quienes "quieren hacer caer la reestructuración" de toda la deuda de Argentina, para volver a la época en la que el país "pagaba con recursos naturales".

Mientras, una encuesta de la firma Poliarquía muestra que una mayoría del 47 por ciento de los argentinos, frente al 25 por ciento, evalúa positivamente la postura del Gobierno ante el litigio creado por los fondos buitre.