Mingueros alcanzan tres acuerdos con el Gobierno colombiano
Luego de iniciar diálogos exploratorios a cinco días de la Cumbre Agraria, el Gobierno de Colombia y mingueros llegaron este viernes a tres acuerdos.
En el encuentro con los voceros de la Cumbre Agraria, Indígena, Étnica y Popular con los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; y de Agricultura, Aurelio Iragorri.
El primero de esos acuerdos contempla el reconocimiento por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos de los derechos humanos, es decir, detener las agresiones de la fuerza pública contra los manifestantes que se encuentran en todo el territorio colombiano.
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En segundo lugar, se estipuló la reactivación de la Comisión de Derechos Humanos este domingo con representantes del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas (ONU), para que haga la investigación sobre la represión ocurrida contra las movilizaciones.
Finalmente, se estableció mantener el diálogo exploratorio para presentar propuestas para la instalación y metodología de negociación para la Mesa Única de negociación nacional.
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Entretanto, el vocero del Congreso de Pueblos, Robert Daza, pidió el cese de la criminalización y judicialización contra los movilizados. Asimismo, aseguró que la marcha se fortalece y que esperan esta semana se sumen los camioneros.
Un comunicado emitido este domingo por la Minga Agraria denuncia "fuertes hostigamientos, represión y abusos de autoridad por parte de la fuerza pública".
Señalan que han utilizado armas convencionales y no convencionales en contra de las comunidades concentradas en diversos puntos del país, y que el Gobierno está tratando de "dividir y desinformar a la opinión pública".
Por su parte, representantes del Gobierno colombiano piden a los manifestantes no cerrar vías y protestar de forma pacífica.
En contexto
Los campesinos, indígenas y trabajadores del campo realizan un paro por la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente Juan Manuel Santos en 2014, en la Cumbre Agraria de entonces.
Desde diversos puntos del país se oponen a las políticas gubernamentales que responden a los Tratados de Libre Comercio y se expresan en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que pone en venta los recursos estratégicos de la nación.
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc) denunció que el Estado ha criminalizado, intimidado y estigmatizado la protesta social.
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