El esclarecimiento del asesinato del normalista mexicano Julio César Mondragón Fontés, a quien le arrancaron el rostro es clave para determinar la localización del resto de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, a cinco meses del hecho.

“¿Cómo debe ser interpretada una ejecución brutal como la que sufrió Julio? ¿Por qué torturarlo de esa manera? Son esas explicaciones que siguen sin respuesta en la Procuraduría General. Esa respuesta podría llevar a otras ¿porque desaparecer a 43 estudiantes?”, cuestionó el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez, Mario Patrón.

Resaltó que la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una investigación muy deficiente en el caso de Mondragón “quedó colgando en el limbo”.

“La PGR no sólo intervino tarde sino de manera mentirosa; tardó 10 días para intervenir e inicialmente dijo estar investigando por delincuencia organizada. Sin embargo, dejó que los expedientes permanecieran en Guerrero y la atracción al fuero federal sólo fue declarativa. Fue una falacia técnica”, aseguró el director del Centro de Derechos Humanos.

Patrón recuerda que la atracción completa de este caso, junto con los demás, fue una decisión firmada por el presidente Enrique Peña Nieto y las familias en la reunión que tuvieron en Los Pinos el 28 de octubre, convirtiéndose en un acuerdo más sin cumplirse.

Por su parte, recientemente la familia de Modragón rechazó la versión divulgada por la Secretaría de Gobernación de México en torno al asesinato del joven debido a que el caso es investigado en dos expedientes distintos como homicidio calificado y delincuencia organizada “y no como corresponde, que es ejecución extrajudicial y tortura”.

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