Desde que comenzaron las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en La Habana, algunas personalidades y sectores del país suramericano se han pronunciado en contra de las negociaciones y de los acuerdos que hasta ahora se han alcanzado. 

En 2013 el presidente Juan Manuel Santos los calificó como los enemigos de la paz y detalló que son quienes "se están inventando todo tipo de historias para tratar de envenenar el proceso y el ambiente” partiendo de mentiras y cizañas. 

La principal figura que se opone al proceso es el expresidente y actual senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien llamó el martes 10 de mayo a la "resistencia civil" en contra de los acuerdos. 

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El senador consideró que lo pactado es de "impunidad total" para las FARC porque los mecanismos de justicia transicional acordados nivelan "a las Fuerzas Armadas con el terrorismo pues se tienen que someter al mismo tribunal". 

La Resistencia Civil empieza por resistir las provocaciones

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 14 de mayo de 2016

"El día que firmen ese acuerdo, que todo indica que va a ser muy próximo, tengo que invitar a los ciudadanos que estamos con estas preocupaciones a que nos preparemos para actuar en los próximos días cómo vamos a resistir civilmente esto", advirtió. 

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Esta posición, aseguran medios locales, se contradice con posturas sostenidas en décadas anteriores cuando, por ejemplo, Uribe marchó como gobernador a favor de la primera consulta popular por la paz convocada en Aguachica, Cesar, en 1995. 

Frente a esta postura del exmandatario, el presidente Santos manifestó que "hay quienes no pueden resistir este avance, hay quienes están desesperados porque se les va a acabar su oxígeno, que es el miedo, que es la guerra, y han acudido a todo tipo de ataques, inclusive llamando a la resistencia civil, esa misma que antes proponía Carlos Castaño". 

Aparece también el exfiscal Eduardo Montealegre quien, aunque se mostró en numerosas ocasiones a favor, el 6 de noviembre de 2015 generó tensión en La Habana cuando informó que revisaría los indultos otorgados al M-19, luego de firmar el acuerdo de paz en 1989, para saber si abarcaban crímenes de lesa humanidad. 

Montealegre después de ese incidente y antes de dejar del cargo presentó una demanda para que el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado en Cuba el 26 de agosto de 2012, sea considerado como un acuerdo especial y en ese sentido tenga un rango de tratado para así garantizar su cumplimiento a futuro.

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El procurador Alejandro Ordóñez es otro de los que han cuestionado el proceso e incluso condenó las supuestas "pretensiones dictatoriales en nombre de la paz" del jefe de Estado del país. Sus críticas las llevó hasta una conferencia en Miami, en abril de este año, donde también calificó de "impunidad" el acuerdo logrado. 

En una entrevista a un medio local enumeró los riesgos que él considera traería la firma de la paz. "Pienso que nos acercamos a pasos agigantados a la disolución de la institucionalidad, al derrocamiento de la Constitución y al consecuente triunfo del proyecto de las FARC. Además, tarde que temprano los acuerdos se caerán por no cumplir los estándares de justicia. Será una falsa paz", expresó. 

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Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) también han dirigido campañas en contra del proceso.

La primera señaló que "el acuerdo de paz en Colombia es un cúmulo de promesas vacías”, mientras que AI presentó un informe en febrero en el que señaló que las sanciones para los miembros de las FARC no parecen ser proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos y reprochó la justicia ordinaria por su alto grado de impunidad.

En contexto

Las conversaciones que se realizan desde 2012 para buscar el fin del conflicto armado que se ha desarrollado por más de medio siglo en la nación suramericana, el cual ha dejado como consecuencia alrededor de 300 mil colombianos muertos y otros seis millones de desplazados, actualmente parecen alcanzar su punto culminante.

Se estima que las FARC-EP y el Gobierno colombiano firmen la paz en junio de este año.