Las intenciones de la AN venezolana al desacatar fallo del TSJ
El pasado lunes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró en "desacato" a la Asamblea Nacional y ordenó la retirada de los tres diputados opositores, que fueron juramentados por la AN el pasado miércoles 06 de enero, pese a que hay una sentencia de la Sala Electoral del máximo ente que les suspendía cautelarmente de sus cargos.
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El 30 de diciembre, como medida cautelar por la investigación de una serie de irregularidades en las elecciones del pasado 6 de diciembre, el Poder Judicial venezolano ordenó "de forma provisional e inmediata" la suspensión de efectos de la totalización, adjudicación y proclamación de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en Amazonas.
La medida judicial pesa sobre los excandidatos a diputados Julio Ygarza, Romel Guzamana y Nirma Guarulla, y hasta que no se culmine el proceso judicial llevado adelante por la Sala Electoral del TSJ, no pueden ser juramentados, ni asumir sus funciones como diputados en la AN.
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La decisión del TSJ de declarar en desacato a la Asamblea Nacional surge tras la juramentación ilegal de los tres diputados de la oposición, al desconocer la sentencia del máximo ente judicial del país.
Sobre la decisión judicial, el abogado constitucionalista, Hermann Escarrá, señaló que el fallo del TSJ está apegado a derecho.
"El TSJ está en su pleno derecho de decretar nulo los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo", explicó.
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Ley que defiende la Derecha Parlamentaria
Los opositores defienden una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que busca la liberación de los políticos presos por atentar contra el pueblo venezolano y por dirigir planes golpistas contra el Gobierno legítimo de Nicolás Maduro.
El reglamento propicia el regreso de exiliados y los que denominan “perseguidos políticos”, que mantienen causas abiertas por su participación en acciones contra el Estado y el pueblo. En declaraciones dadas por el actual presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, destacó que ésta sería la primera ley sancionada por la AN.
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Respondiendo a los intereses de los grupos económicos venezolanos, los representantes de la derecha venezolana han señalado que propondrán leyes para impulsar el desarrollo económico y productivo, pero hasta ahora no dejan ver la intención de derogar leyes sociales que han beneficiado al pueblo venezolano.