La salud en Colombia ¿derecho fundamental?
A dos años de aplicada la Ley Estatutaria de Salud 1751 (LES) de 2015, la regulación de sistema sanitario recibe críticas, denuncias y exigencias porque el derecho fundamental a la salud de los colombianos aún no está garantizado.
Recientemente la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud (MNDS), movimiento social que reúne a diferentes organizaciones de la sociedad civil en Colombia, emitió un comunicado explicando que “el país continúa sufriendo los problemas de un sistema que más allá de leyes, requiere con urgencia voluntad política para enderezar su rumbo”.
En el texto, instan a pacientes, trabajadores y pueblo en general a exigir al Ministerio de Salud y al Gobierno colombiano un verdadero cumplimiento de la ley promulgada en favor de la salud como un derecho fundamental.
A Dos años de la Ley Estatutaria el gobierno nacional se niega a implementarla afirmativamente. Comunicado @Mesa_Nal_Salud pic.twitter.com/889cg13mkc
— LUIS MARTINEZ (@DIRECTORAESA) 18 de febrero de 2017
“El pueblo colombiano, que durante años luchó por alcanzar la institucionalización de la salud como un derecho fundamental autónomo, irrenunciable en lo individual y lo colectivo, vive ahora un sistema lleno de barreras de acceso, hospitales públicos y privados al borde de la ruina”, criticó el documento.
¿Cuáles son las causas del deterioro o del mal funcionamiento del sistema de Salud en Colombia? ¿La nueva ley realmente logró eliminar los innumerables casos de corrupción sufridos por el sector médico?
Sistema de salud en Colombia
En diciembre de 1993 el entonces presidente César Gaviria aprobó la Ley 100, centrada en el sistema de salud y de pensiones y antecedente de la actual Ley Estatutaria de salud. La iniciativa del proyecto fue del entonces senador Álvaro Uribe Vélez. Con esta ley, se formalizó la privatización del sistema sanitario colombiano, dándole participación al sector privado para brindar servicios de salud.
Se crearon además las Entidades Promotoras de Salud (EPS) encargada organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud que se registraran en el Plan Obligatorio de Salud (POS) con el fin de centralizar y gestionar el sistema sanitario.
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Se establecieron dos modelos de aseguramiento al sistema de salud: el contributivo y el subsidiado. El primero destinado a empleados y empleadores con capacidad de pago los cuales hacen un aporte mensual para salud y pensión y el segundo acoge a todas las personas pobres y vulnerables.
Quedó instalado también el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), mecanismo para manejar los recursos destinados a la salud por parte del gobierno y que actualmente se encarga de cubrir los gastos del sistema de seguridad social.
Situación actual del Sistema de salud
Entre la Ley 100 de 1993 y la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 existe una diferencia, en la primera la salud estaba consagrada como un servicio y con la reforma evolucionó poco a poco a un derecho.
Según los postulados de la LES en la práctica debe garantizar la salud de las personas por encima de cualquier consideración, todas las instituciones del sector tienen que ajustarse para cumplir con este precepto. En ese orden de ideas, no pueden negarle la atención a una persona, imponerle demoras y trabas o esgrimir razones económicas para no prestarle servicios.
A dos años de implementada, el panorama para los colombianos que demandan de una mejor atención por parte del sistema sanitario, es bien diferente, el financiamiento es bajo, se busca más el lucro de los intermediarios, como es el caso de las EPS, que el bienestar de las personas.
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El acceso al servicio es lento y burocrático, si un paciente no se encuentra registrado en el EPS no puede ser atendido por la institución médica, por lo que continúa siendo inequitativo y además costoso; la corrupción no es ajena al sector y no existe, por parte de los organismos de control, medidas eficientes que la erradiquen.
Estas razones motivan a las organizaciones sociales como las que integran la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, a rechazar y criticar al Ministerio de Salud y al Gobierno colombiano por las deficiencias que presenta el sistema de salud en ese país, cuestionando en primer lugar si realmente es un derecho fundamental para los ciudadanos.