El Gobierno italiano redujo a 34 por ciento la entrada de inmigrantes al país, debido a los cuestionados pactos con Libia y diversas misiones en África.

Según datos del Ministerio de Interior de Italia entre enero y el 29 de diciembre de 2017, un total de 119.310 refugiados fueron rescatados de la peligrosa ruta del Mediterráneo Central y trasladados a puerto italiano, es decir un 33,86 por ciento menos que los 180.380 que ingresaron en 2016.

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La mayoría de los refugiados procedían de países subsaharianos: 18.153 desde Nigeria, 9.693 desde Guinea y 9.504 desde Costa de Marfil. A las cifras se suma un grupo significativo, 15.731, menores no acompañados.

Al respecto, el jefe del Gobierno italiano, Paolo Gentiloni, justificó tal reducción en el ingreso de refugiados al país arguyendo que 2017 ha sido un "año clave" en cuanto al "proceso histórico de transición desde una inmigración descontrolada y gestionada por criminales a una inmigración controlada, legal y segura".

Las nuevas políticas migratorias establecidas por Italia fueron criticadas por el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, que señaló de "inhumana" la colaboración existente entre la Unión Europea (UE), Italia a la cabeza, y Libia.

Italia ha utilizado sus contactos en Libia para seguir llevando a cabo su política violatoria de derechos humanos, es decir, un programa de devolución de refugiados denominados por ellos económicos (1.200 en 2016 a 19.000 en 2017) y de evacuación de centros libios de los más frágiles (162 refugiados en diciembre de este año).

El Gobierno italiano ha decidido dar continuidad al control del flujo migratoria y anunció que en los próximas semanas enviará una misión militar a Níger con el fin de controlar las fronteras y seguir con lo que ellos han denominado la lucha con las mafias.