Unos 30 militares están en la mira por una investigación adelantada desde mayo por el Grupo de Acción para la Transparencia Institucional del Ministerio de Defensa en Colombia por el presunto desvío de recursos provenientes de contratos de transporte de material explosivo para empresas mineras en el occidente del país.

El Ejército señaló en un comunicado que “como consecuencia de estos hallazgos fueron relevados de sus cargos 10 militares para avanzar en la investigación y en la actualidad se encuentra en trámite el retiro de nueve, por determinación del Comando de la Fuerza”.

La inspección del Ejército se dio particularmente sobre el almacenamiento de explosivos, las escoltas de transportes de los mismos y administración de los recursos de fondo interno en la Cuarta Brigada y el Batallón Pedro Nel Ospina, con sede en Medellín.

Tras la verificación, un juzgado penal militar en Antioquia presentó copias a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para investigar a los generales Néstor Robinson y Nicasio Martínez Espinel, quienes no han sido notificados oficialmente sobre algún proceso en su contra.

Según el general Juan Pablo Rodríguez se trata de un seguimiento que se venía adelantando desde hacía varios meses por la Justicia Penal Militar. “Llevaremos esta investigación hasta las últimas consecuencias”, indicó el alto oficial.

“Fue la Justicia Penal Militar y el Ejército Nacional quienes detectaron la anomalía e iniciaron de inmediato la investigaciones respectivas”, agregó