Un informe publicado por la Unión Americana de Libertados Civiles (ACLU por su sigla en inglés) denunció abusos por parte de los directores de las prisiones privadas de Estados Unidos, contra al menos 25 mil personas, que se encuentran encarceladas por violar las leyes de inmigración de este país. El documento señala que las acciones son producto del recorte en los gastos de las prisiones.

El documento señala que los administradores de las prisiones CAR (Criminal Alien Requirement) tienen como prioridad sus beneficios económicos y no les importa el destino de los reos, apunta el reporte que a su vez critica a la Oficina Federal de Prisiones por contratar a empresas privadas para los servicios penitenciarios.

La Oficina Federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés) destinó unos 600 millones de dólares en el año fiscal 2013 para pagar a las llamadas "instituciones operadas privadamente, cinco de las cuales están localizadas en Texas (sur de EE.UU.) y ocho en otros estados", según la ACLU, que basó su informe en una investigación iniciada en 2009.

En respuesta a las denuncias, la BOP, tras asegurar que supervisa de cerca a las cárceles privadas, dijo que atenderá las denuncias pero, por ahora, prefiere no hacer comentarios sobre datos específicos del informe.

La privatización de las prisiones empezó durante la Presidencia de Ronald Reagan (1981-1989), enfocando el negocio en los inmigrantes ilegales, pero ha visto incrementados sus ingresos desde la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca. Durante su mandato, las detenciones se han disparado hasta niveles nunca vistos.