El próximo 10 de diciembre se cumple el plazo establecido por Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las indemnizaciones que debe pagar el Estado colombiano a los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia colombiano, hecho que causó la muerte de 98 personas.

Familiares denunciaron este lunes que de 8 medidas impuestas el pasado 14 de noviembre de 2014 solo se ha cumplido a cabalidad con una y es el acto público de reconocimiento.  Las ordenes están relacionadas con la reparación en dinero, acompañamiento psicosocial, garantía del servicio de salud y verdad sobre los hechos.

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El asalto al Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá realizado por el grupo del grupo insurgente Movimiento 19 de Abril (M-19). La organización insurgente buscaba adelantarle un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur por las continuas violaciones al cese al fuego firmado meses antes.

Las fuerzas militares colombianas retomaron el edificio de manera violenta cometiendo numerosas violaciones a los derechos humanos. 

En cuanto a las reparación económicas la corte del CIDH fijó 100 mil dólares por cada una de las once desapariciones forzadas, 80 mil dólares para las parejas o hijos de cada víctima y 40 mil dólares para hermanos. El pago global será de al menos US$3 millones para las 138 personas por indemnizar. Aunque no es un tema de dinero: las víctimas del Palacio, todas llevan más de tres décadas exigiendo conocer la verdad de lo que ocurrió con sus familiares.

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Por su parte Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán, desaparecido del Palacio de Justicia, aseguró que “a lo largo de los 31 años de estos hechos la mayoría de los padres de las víctimas han fallecido, solo quedan dos vivos y ahora después de tanto tiempo nos piden el juicio sucesorial, pese a que el ministro del Interior nos había dicho que los dineros estaban dispuestos”.