El Gobierno de Chile pidió perdón este viernes a la comunidad mapuche por el despojo de sus tierras y admitió que la nación tiene una deuda pendiente en materia de políticas públicas con este pueblo lo que permitirá sacar de la pobreza a la región de la Araucanía, donde viven la mayoría de estos nativos.

En la Araucanía, donde habitan unos 600 mil mapuches, esta comunidad mantiene una disputa con empresas forestales y agrícolas a las que le reclaman la devolución de sus tierras.

El nuevo intendente (gobernador) de la zona, Francisco Huenchumilla, indicó que se reunirá con todas las organizaciones de los sectores productivos que se "han visto afectados por la violencia", ya que en este nuevo escenario "todos deben ser escuchados".

El intendente hizo un llamado a los fiscales de la región a que colaboren con la situación, "deben actuar con moderación, no exacerbando los ánimos haciendo el papel de `opinólogos` de lo sucedido en el proceso (de una investigación)", subrayó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, consideró inapropiado que el intendente descalifique a los fiscales y pretenda imponerles una especie de `ley mordaza`".

En La Araucanía (sur)  desde la década de los 90 (siglo XX) el denominado conflicto mapuche enfrenta a la principal etnia del país con agricultores y empresarios por la propiedad de tierras que son consideradas por los nativos como ancestrales.

La lucha de los mapuche, población indígena más grande de la región no ha cesado desde que el Estado intentara intercambiar sus tierras por dinero mediante Ley Araucanía de Chile. Los nativos se han movilizado en las calles de Temuco y otras poblaciones del país para hacer escuchar el reclamo de su derecho, lo cual ha generado un conflicto con las autoridades.