En el proceso de reestructuración del Ministerio Público (MP) de Venezuela, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció una presunta red de extorsión y chantaje que funcionaba en el órgano del Poder Ciudadano.

Durante una rueda de prensa ofrecida en la sede principal de la institución en Caracas, capital de la nación, reveló que fiscales y directores que cobraban determinadas tarifas en dólares o bolívares para no imputar a delincuentes o culpar a personas inocentes. Los bienes materiales también eran aceptados como pago por estos servicios fraudulentos.

"Eso lo vamos a investigar porque atenta contra la justicia y corroe el Estado de derecho", anunció Saab, quien explicó que estas averiguaciones formarán parte de las medidas de reestructuración del MP.

Entre las acciones planteadas para la reestructuración del organismo se incluye el relanzamiento de la Oficina de Atención a las Víctimas, la cual estuvo cerrada durante un mes y medio, mientras se efectuaban acciones violentas por sectores de la oposición que han provocado más de 100 fallecidos.

La reactivación de esta oficina permite brindar una atención urgente y necesaria a las víctimas directas de delitos, trabajar de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ejecutivo y la sociedad en general.

"El Ministerio Público no será un Estado dentro del Estado, sino que será una casa abierta al pueblo y a la cooperación interinstitucional" con el resto de los poderes públicos, indicó. Además, expresó que buscará "restablecer la paz ciudadana" y promoverá la justicia con equidad,.

Saab expresó que "la función del MP en esta nueva etapa" es para "mejorar" y "avanzar", así como para recuperar la "credibilidad de la institución", que en su opinión, se perdió en los últimos meses.

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