El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que se abrirán nuevos procesos de investigación sobre los casos de violencia registrados durante las protestas impulsadas por la derecha venezolana desde abril. 

Durante una rueda de prensa, Saab informó que se abrirá un proceso ante los delitos contra el ambiente, debido que desde el mes de abril y hasta ahora el Ministerio Público bajo la gestión de Luisa Ortega Diaz no los inició.

Destacó que durante las protestas del 2014 se abrieron siete procedimientos referentes a la tala y quema de árboles, sin embargo, este año la Fiscalía "no le dio importancia" a estos hechos. Aseguró que también abrirán procedimientos por el empleo de niños y adolescentes en acciones de corte sedicioso.

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Asimismo, señaló que se abrirán procedimientos sobre la utilización de niños y niñas de entre nueve y 12 años en manifestaciones violentas de la oposición, debido a que tampoco se iniciaron procesos en la gestión anterior. 

Recordó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitió un comunicado en el que denunció su preocupación sobre la utilización de menores en las protestas violentas. 

En ese sentido, indicó que al menos tres madres denunciaron ante la Defensoría del Pueblo que sus hijos fueron contactados para participar en las manifestaciones y que no confiaban en la Fiscalía venezolana bajo la gestión de Ortega Díaz para informar sobre el hecho. 

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Por otro lado, Saab anunció la creación de una comisión de reestructuración de la Fiscalía de la República de Venezuela, con la que evaluarán 250 cargos directivos y de jefaturas de distintos niveles de la institución. 

Agregó que el Ministerio Público combatirá las prácticas burocráticas y la utilización de sobornos de una red de personas que cobraban dólares para el "sobreseimiento o no de una causa". 

Destacó que la Fiscalía acelerará las acciones destinadas a revertir el retardo procesal, que obstruye el debido proceso para la aplicación de la justicia.

Para finalizar, indicó que se reunirá con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Mikel Moreno, para revisar los casos de las personas que tiene boleta de excarcelación, para que sean liberados.