Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), propuso este miércoles depurar las instituciones del Estado colombiano para acabar con las "estructuras narcoparamilitares" y negó una vez más tener participación en el narcotráfico.

"El narcotráfico cruza la institucionalidad colombiana (...), eso requiere unos cambios de orden estructural", dijo a la prensa Jesús Santrich, uno de los delegados de las FARC en las conversaciones de paz con el Gobierno colombiano en La Habana (capital cubana).

"La (nueva) política antidrogas tendrá uno de sus ejes en la identificación de las estructuras de poder narcoparamilitar, criminal y mafioso entronizadas en el Estado, en consideración a que dichas estructuras constituyen un factor esencial para la persistencia y reproducción de la industria criminal del narcotráfico", dijo Santrich.

Afirmó que debe haber una depuración en las Fuerzas Armadas, la Policía, los órganos de control y de organización electoral, y que se deben tomar "medidas y acciones especiales contra la corrupción propiciada por el narcoparamilitarismo" así como desmontar el "poder territorial narcoparamilitar".

Asimismo Santrich negó que las FARC estén implicadas en el negocio del narcotráfico, como lo aseguran las autoridades de Colombia y Estados Unidos. "De eso se dice mucho todos los días porque hay una gran maquinaria mediática orientada a desprestigiar a la insurgencia", dijo.

"Nosotros hemos pedido que se establezca lo más pronto posible una comisión de la verdad para tocar no solo el tema de víctimas sino de todos estos aspectos (del conflicto armado colombiano) alrededor de los cuales se dicen muchas mentiras", añadió el vocero de las FARC.

Por su parte, la delegación del Gobierno, encabezada por Humberto de la Calle, no formuló declaraciones a la prensa a su llegada a la sesión de pláticas en el Palacio de las Convenciones de La Habana.

Ambas delegaciones están discutiendo actualmente el tema de las drogas ilícitas, tercero de los seis puntos de la agenda de los diálogos de paz, iniciados en noviembre de 2012.

Hasta ahora ambas partes han consensuado los puntos de desarrollo rural y participación política. Quedan pendientes los temas de abandono de las armas, reparación de las víctimas y el mecanismo para refrendar un eventual acuerdo que ponga fin a un conflicto armado de más medio siglo en Colombia.