El secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), John Kerry, aseguró este miércoles que su Gobierno se reserva la opción de imponer sanciones unilaterales e impulsar la aplicación de la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Estamos preparados, si es necesario, para invocar la Carta Democrática Interamericana en la OEA (Organización de Estados Americanos) e implicarnos de varias formas, con sanciones o de otra forma, pero la economía allí ya es bastante frágil", dijo Kerry durante una audiencia en el Comité de Gastos de la Cámara de Representantes.

El secretario estadounidense añadió además que ''nuestra esperanza está en que los esfuerzos de los países vecinos, que están profundamente preocupados, tengan la capacidad de alentar el diálogo necesario para avanzar el país".

El representante de Exteriores de EE.UU. detalló que el presidente, Barack Obama, se ha mantenido "en contacto con países vecinos" de Venezuela para respaldar un diálogo que disminuya las tensiones en el país.

En una sesión de la OEA celebrada la semana pasada, los miembros del mecanismo regional cerraron filas en defensa de la democracia y la soberanía del país suramericano y rechazó enviar una misión observadores, como propusieron EE.UU. y Panamá, para constatar la situación producto de la acciones violentas que los grupos fascistas de extrema derecha llevan a cabo en este país desde el pasado 12 de febrero y que ha dejado 22 muertos y varios heridos.

Tras finalizar la sesión, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, tildó como histórica la decisión con la que el organismo se solidariza con la nación suramericana ante los intentos desestabilizadores.

EE.UU. ya ha aplicado sanciones a otros países como es el caso de Cuba, que desde hace más de 50 años sufre un bloqueo económico por parte de la nación del norte, que ha golpeado seriamente su economía.

El férreo e ilegítimo bloqueo que EE.UU le ha impuesto a Cuba le ha costado a la isla más de un billón 157 mil 327 millones de dólares y constituye una violación de la Carta de Naciones Unidas (ONU) y de las normas del Derecho Internacional.

La comunidad internacional ha condenado y exigido el levantamiento inmediato de esa medida durante 22 años consecutivos ante la Asamblea General de la ONU.