De acuerdo con nuevos materiales difundidos por el diario espñaol Público, el gobierno de Adolfo Suárez autorizó a utilizar armas a funcionarios argentinos, quienes montaron un servicio de espionaje con sede en la embajada de Madrid y los consulados de Barcelona, Bilbao y Cádiz

Los altos costos de la represión de la dictadura militar argentina desde que llegó al poder en marzo de 1976 pronto vaciaron las arcas de un Estado en crítica situación económica, relató el portal web clarin.com.

Videla, acusado de crímenes de lesa humanidad, recibió apoyo de España

La dictadura de Videla se contactó con varios países para obtener fondos y casi no obtuvo una respuesta positiva. Pero, España, que estrenaba democracia, no dudó en darle su apoyo. 

El resultado fue un Protocolo de Cooperación Comercial y Financiera entre ambos países que se firmó en Buenos Aires en 1976, cuando los desaparecidos ya se contaban por millares, lo mismo que la aplicación sistemática de torturas y los campos de exterminio se extendían por toda Argentina.

Estas revelaciones,  "demuestran que el rey Juan Carlos fue el encargado de facilitar los acuerdos entre la España de la transición y la Argentina de los vuelos de la muerte. El 1 de julio de 1976, el monarca recibió en su despacho al embajador de Videla en Madrid, el general Leandro Enrique Anaya", reseñó clarin.com.

Rey también apoyó

De acuerdo al informe reservado elaborado por el diplomático, el rey tuvo "expresiones de beneplácito por el éxito con que nuestro Gobierno está afrontando los problemas económicos coyunturales que este vive", al tiempo que se mostraba muy generoso ante la próxima visita a España del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los máximos defensores del ultraliberalismo en Sudamérica.

En la red participaron funcionarios de las representaciones en España y militares enviados bajo la excusa de realizar cursos de formación en instalaciones del ejército y la marina española, asegura en su investigación el periodista Danilo Albín.

Uno de los primeros en cumplir esas funciones fue el teniente coronel Antonio Deimundo Piñeiro, quien durante el curso 1976-1977 asistió a la escuela del Estado Mayor del Ejército en Madrid.

Piñeiro, quien tenía autorización del gobierno español para portar un revolver Colt calibre 38, coordinó a su regreso a Argentina la represión en la provincia de Misiones, en el norte del país.

Otro de los torturadores que cursaron estudios en España son identificados como el teniente Néstor Savio y Ricardo Araujo, acusado luego por haber formado parte del plan ilegal para secuestrar, torturar, asesinar y propiciar la desaparición de personas.

La participación de los 33 argentinos en cursos dictados por las Fuerzas Armadas fue correspondida por el gobierno de Suárez con el envío de 14 militares a Buenos Aires para estudiar distintas asignaturas en dependencias del Ejército y la Marina.